LD (Pedro de Tena) El riesgo de fallecimiento es muy alto ya que el 48 por ciento de los solicitantes tiene 81 años o más, mientras que otro 28 por ciento está en el tramo de edad de 66 a 80 años, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo e Inmigración.En junio de este año la teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, denunció que en su provincia habían fallecido 103 personas que esperaban una prestación, lo que demostraba «el fracaso en la aplicación de esta ley».

Hace poco más de un año, el 18 de julio de 2007, se supo que en ese momento la Junta sólo había completado 207 valoraciones de un total de 35.000 solicitudes de valoración para acogerse a la Ley de Dependencia. La consejera de Igualdad Social, Micaela Navarro,  explicó que en algunos casos estaba resultando «muy difícil cumplir los plazos» debido a que la puesta en marcha del «mecanismo» ha requerido «su tiempo», al igual que ha ocurrido con la formación adecuada del personal.

Poco después, la oposición ya pedía la cabeza de Micaela Navarro. En octubre, Javier Arenas, presidente del PP-A, anunció que su partido pediría en el Parlamento andaluz la reprobación de la consejera de Igualdad y Bienestar Social, Micaela Navarro, ante el «desastre» generado por su departamento en la aplicación de la Ley de Dependencia en Andalucía. Arenas justificó esta iniciativa en la existencia de "50.000 familias que han solicitado acogerse a esta ley y que no han obtenido ni siquiera una respuesta de la Junta".

 

De las cuarenta mil ayudas solicitadas, la señora Navarro sólo ha resuelto 1.100, un 2,75 por ciento. Si tuviera vergüenza presentaría la dimisión. ¿Cómo va a mirar a la cara a miles de familias andaluzas que no reciben las ayudas prometidas por causa de su negligencia?"

Incluso IU manifestaba su disgusto. En ese mismo mes de octubre, Izquierda Unida denunció públicamente que sólo el tres por ciento de las solicitudes de ayuda por dependencia habían sido tramitadas por la Junta de Andalucía, o sea, unas 1.700, de 57.000. Teniendo en cuenta que la Ley de Dependencia exige, razonablemente, la baremación de la dependencia que sufre el ciudadano de modo que se cuantifique el importe de la ayuda y se especifique el tipo de dicha ayuda, no era razonable que el Gobierno del señor Chaves no hubiese tenido en cuenta que se iba a producir una avalancha de solicitudes en un primer momento. Debería haber reforzado el servicio de baremación de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social cuya titular, Micaela Navarro, se había mostrado como irresponsable.

En julio de este año, los andaluces se enteraban de que un año después todavía no están baremadas y valoradas todas las solicitudes. De las 155.000 solicitudes recibidas hasta julio, sólo han sido valoradas un 82,7 por ciento, 128.000. De esas ya valoradas se ha reconocido el derecho a ser calificado como dependiente grande o severo a 88.300 personas, pero sólo 53.000 de ellos están recibiendo alguna prestación, un tercio de las solicitudes. Y de ellos, sólo 23.600 están percibiendo esa ayuda para ser atendidos en su casa.

Hasta el l de presente mes de septiembre 182.206 andaluces han solicitado que se valore su grado de dependencia y la prestación a la que tendrían derecho. El calendario de aplicación de la Ley establece que en su primer año (2007) serían valorados los grandes dependientes y en el segundo y tercer año (2008 y 2009) los dependientes severos de nivel 2.

 

Hasta la fecha se han valorado 143.508 solicitudes y dictaminado sobre 132.033, De ellas, 98.616 se han resuelto reconociendo a los solicitantes un grado de dependencia grande (83.218) o severa nivel 2 (15,398). Según las estadísticas facilitadas por el Gobierno, de los 98,616 beneficiarios andaluces, 22.200 recibirán ayudas económicas y 28.670 diferentes servicios, Los 47.746 beneficiarios restantes aparecen como beneficiarios de "prestaciones sin especificar”.

Ahora, José Chamizo, Defensor del Pueblo andaluz, ha denunciado que en Andalucía se han superado todas las previsiones duplicándose las ayudas consideradas por la Administración y además, ha subrayado que la ley acumula «retrasos y disfunciones falta personal evaluador, los procedimientos son complejos y faltan criterios homogéneos a la hora de la valoración de los dependientes. Entre la ciudadanía, hay una “gran desinformación, confusión, temor a que se supriman pensiones si se aplica la Ley de Dependencia y que la situación empeore”, recalcó el Defensor.

 

Otro fallo detectado por Chamizo es la escasa coordinación entre los sanitarios y los servicios sociales. Y para terminar, expuso sus temores acerca de la continuidad de la financiación de las prestaciones por dependencia y el reforzamiento de los servicios sociales comunitarios competentes según la nueva Ley, dada la situación de crisis económica galopante que asfixia muy especialmente a Andalucía.