Los taxistas no pueden exigir el mantenimiento indefinido de unos privilegios que impiden la entrada de nuevos agentes capaces de complementar ese servicio. Ese es un derecho de los ciudadanos que el Gobierno ha de atender en primer lugar.

El poder es capacidad y relación y para eso hay que abundar en los dos términos. De lo contrario, el gran riesgo es que el siglo XXI entre en veredas antidemocráticas y poco representativas.

La nueva Constitución debe ser redactada en poco tiempo por un grupo amplio de profesionales, no solo juristas, y, a ser posible, que no hayan sido altos cargos. Deben ser personas que defiendan los intereses del conjunto de la nación española.

La casta autonómica quiere un "cupo" no por una razón de eficiencia fiscal, sino porque de sobra saben que el sistema de cupos encierra una enorme trampa a favor de las autonomías que disfrutan de ese modelo.