Huelga judicial

En defensa de los jueces

Emilio Campmany

Les acusan de corporativismo, como si los abogados, los ingenieros, los arquitectos o médicos, los vendedores de coches y los políticos no fueran corporativistas. Como si el corporativismo no fuera algo de lo más natural dentro del comportamiento humano.

Los altos funcionarios del Estado suelen ser vistos por todos como unos privilegiados. Da igual preguntar a un mileurista que al propietario de un banco, un juez es para todos un privilegiado. Sin embargo, los muchos que consiguieron su trabajo gracias a un enchufe o que heredaron una empresa de sus padres, da igual que sea un banco que un restaurante, o quienes se permiten en su trabajo cierto grado de incompetencia porque son familia o amigos del jefe, ésos no se consideran privilegiados. Ni la sociedad los tiene por tales. Los privilegiados son los jueces. Pues si tantos privilegios otorga la profesión de juez, no sé qué hacen los españoles que no se amontonan a firmar las oposiciones, puesto que, para disfrutar de todos esos privilegios, lo único que hay que hacer es algo que está al alcance de cualquiera: estudiar.

Les acusan también de corporativismo, como si los abogados, los ingenieros, los arquitectos o médicos, los vendedores de coches y, sobre todo, los políticos no fueran corporativistas. Como si el corporativismo no fuera algo de lo más natural dentro del comportamiento humano. ¿A alguien puede extrañar que, viéndose un grupo atacado, sus miembros se unan para defenderse? Lo insólito son las profesiones en las que escasea el corporativismo. Es el caso de los periodistas o de los catedráticos, pero son la excepción.

La responsabilidad del asesinato de Mari Luz puede achacarse a muchas personas. Las primeras son los políticos, tanto los del poder legislativo, que se obstinan en conservar leyes que permiten que delincuentes de esta calaña puedan salir a la calle, como los del ejecutivo, que mientras despilfarran en su propio boato, no entregan a la Administración de Justicia los medios necesarios para desempeñar su función. Tiene cierta responsabilidad también la Policía, que, viendo como era liberado el pederasta, no lo sometió a la mínima prudencial vigilancia. La tiene también la familia de la niña, que permitía que ésta, con cinco años, saliera sola a la calle a comprar chucherías y, por último, la tiene la sociedad toda por consentir y convalidar con sus votos este estado de cosas. Naturalmente, el juez y la secretaria judicial tienen también la suya. Puede incluso que el castigo que se les ha impuesto no haya sido lo suficientemente severo. Pero lo que es innegable es que, habiendo tantos responsables, son los únicos que han sido de alguna manera castigados. ¿Por qué? Pues porque son unos privilegiados. Y por serlo se les debe exigir más que a nadie. Da igual que carezcan de los medios necesarios para desempeñar correctamente su función, da igual que las leyes, más que instrumentos, se constituyan muchas veces en obstáculos para impartir justicia y da igual que la sociedad una y otra vez exija, pero nunca agradezca.

Y encima, cuando el poder tiene algún premio que repartir entre jueces y magistrados, bajo la forma de ascensos o nombramientos, no son los más capaces los premiados, sino que lo son los más sensibles a las exigencias y a veces los caprichos de los políticos.

Ya sabemos que éstos sólo quieren a los jueces para manipularlos. Es lamentable que, con ocasión de la huelga, sea ahora la casi totalidad de los medios de comunicación los que toquen a rebato contra ellos negándoles hasta el derecho a protestar. Siempre terminan recurriendo al argumento definitivo: son unos privilegiados. Y, mientras tanto, los que lo son de verdad, empezando por los políticos, de rositas. Así nos luce el pelo.