Ante el caso de Emilio Gutiérrez –el joven trabajador de Lazcano que desesperada y valientemente se ha liado a mazazos contra una "Herriko Taberna" después de ver su casa destruida por una bomba de ETA–, bien está que recordemos, con John Locke, que "nadie es buen juez de su propia causa" y de lo preferible que es que los individuos dejen en manos de sus mandatarios la función de ejercer la justicia y de garantizar la defensa y el fortalecimiento de sus derechos irrenunciables de libertad, igualdad y propiedad.
Ahora bien, este recordatorio se queda cojo si no recordamos, a su vez, la obligación que tiene el Estado de preservar y garantizar esos derechos de los ciudadanos, a cambio de la cual le hemos delegado, en ese metafórico "contrato social", un derecho que no es originario del Estado, como es el de impartir justicia. ¿O es que, acaso, en ausencia del Estado de Derecho, el hombre debe renunciar a la justicia?
A pesar de la existencia de leyes y de tribunales que protegen a los ciudadanos y castigan a sus agresores, la impunidad y la dejación del Estado es tal en muchas zonas del País Vasco que el supuesto imperio de la ley convive con la dictadura del terror. En esas circunstancias decir, como dicen algunos papanatas, que nada justifica que los ciudadanos se tomen la justicia por su mano es tanto como equiparar el Estado de Derecho al Estado de indefensión.
Como ha manifestado el Foro de Ermua ¿por qué el Estado permite que en un local se luzca públicamente durante varios días propaganda de una organización terrorista? ¿Por qué continúa permitiendo que varias Herriko Tabernas, cuyo cierre fue acordado por el Juzgado Central de Instrucción nº 5, permanezcan abiertas? ¿Qué hace el Estado financiando todavía a los representantes políticos de la banda terrorista?
Por ahí debería empezar nuestra indignación y nuestras consideraciones de lo que no es justificable. En caso contrario, nos arriesgamos a volver, si no estamos ya, a un estado de cosas similar a ese estado de guerra, en el que Locke, padre intelectual del moderno Estado de Derecho, consideraba "razonable y justo que tenga yo el derecho a destruir a quien con destrucción me amenaza; porque por la fundamental ley de naturaleza, deberá ser el hombre lo más posible preservado, y cuando no pudieren serlo todos, la seguridad del inocente deberá ser preferida, y uno podrá destruir al hombre que le hace guerra, o ha demostrado aversión a su vida; por el mismo motivo que pudiera matar un lobo o león, que es porque no se hallan sujetos a la común ley racional, ni tienen más norma que la de la fuerza y violencia. Por lo cual le corresponde trato de animal de presa; de esas nocivas y peligrosas criaturas que seguramente le destruirían en cuanto cayera en su poder".