Si quedaba alguna duda de que la macro operación judicial y mediática desatada contra el PP en las semanas previas a las elecciones era, en realidad, una operación política, ésta ha sido definitivamente despejada. El caso Gürtel, gestado en una cacería entre el juez Garzón, el entonces ministro Bermejo y el comisario de la policía judicial Juan Antonio García, fue una maniobra perfectamente orquestada para debilitar al Partido Popular durante la campaña electoral en el País Vasco y Galicia. Maniobra que contaba con la cooperación necesaria de los medios del grupo Prisa que sirvieron como altavoz de continuas filtraciones que, a diario, arrojaban el parte de nuevos imputados en la trama de corrupción puesta al descubierto por el juez estrella de la Audiencia Nacional.
Los hechos son ya, a estas alturas, incontestables y van a directos a la misma línea de flotación de todo el aparato que Garzón diseñó al efecto. No hay aforados, es decir, diputados nacionales, implicados en la trama. Y no porque lo diga Garzón, sino porque la propia Fiscalía Anticorrupción ha evitado enviar el sumario al Tribunal Supremo, extremo que indica que ningún aforado está bajo sospecha en el sumario. De hecho, todo lo que la Fiscalía ha considerado al respecto es solicitar al magistrado que traslade la exposición a los tribunales superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.
Cabe preguntarse ahora por qué Garzón apadrinó y filtró a la prensa adicta al PSOE una información tan delicada que ha puesto en tela de juicio durante demasiados días el honor de dos diputados. ¿Quién, aparte del propio Garzón, estaba interesado en dañar el prestigio de un partido que, sólo cuatro días después, comparecía ante las urnas en dos comunidades autónomas? Parece obvio que el PSOE y más cuando uno de los participantes en la cacería era ministro y miembro destacado de ese partido. Pero no sólo, la figura del comisario García adquiere aquí un papel central, porque el traslado del sumario a Anticorrupción con idea de someter a un juicio mediático a diputados del PP en la trama se realizó tras un informe elaborado por el departamento de delincuencia económica y fiscal, que depende directamente de Juan Antonio García.
¿Debemos también desconfiar de la policía judicial? ¿Cuál es el contenido de ese informe y, sobre todo, qué hacía García aquel fin de semana en Jaén cenando con los dos promotores de la operación? Pero hay muchas más preguntas sin responder. ¿Por qué, a pesar de ser secreto, el sumario se ha aireado en los principales medios de comunicación? ¿Quién ha realizado las filtraciones y con qué motivos? Por último, ¿por qué no se inhibe el juez a favor de otros tribunales tal y como le ha pedido la Fiscalía?
Las sombras que se abaten sobre el caso Gürtel son, a día de hoy, mucho más numerosas que las luces y no afectan tanto a la trama como a los que han puesto en marcha la máquina judicial de picar carne en víspera electoral y con un ministro de por medio. Al final, por pura torpeza y porque una maniobra tan artera no puede funcionar bien, Bermejo es ya un cadáver político y el que está en la picota es el juez Garzón que, lejos de inhibirse del caso, pretende huir hacia delante presentándose como candidato a la presidencia de la Audiencia Nacional. Es posible que a los imputados-fantasma de El País les cueste recuperar su buen nombre, pero después de ésta, el del juez Garzón ha quedado tan manchado que el próximo cable que quiera echarle a su partido favorito no servirá ya de gran cosa.