Varias instituciones gubernamentales se dedicaron durante más de una década a fomentar la concesión de créditos hipotecarios a personas que no contaban con los ingresos necesarios para cumplir con los pagos de las casas y apartamentos que adquirirían. Pero como año tras año aumentaba el precio de las propiedades inmobiliarias, tanto los prestamistas como los constructores, los compradores y las agencias reguladoras del Gobierno pensaban que el porcentaje de familias con casa propia seguiría creciendo indefinidamente, sin tener en cuenta los riesgos asumidos.
Cuando la burbuja hipotecaria explotó, los afectados no fueron solamente las empresas constructoras, los brokers inmobiliarios y quienes emitieron los préstamos originales porque debido a la inmensa magnitud de la masa de financiación concedida a muy largo plazo, los bancos y empresas financieras titularizaron y revendieron las obligaciones hipotecarias a terceros: a otros bancos y sus subsidiarias, a inversores, fondos de pensiones, amas de casa, gente retirada... Por este motivo, la crisis hipotecaria no solamente golpeó repentina y devastadoramente a gigantes como Citigroup, sino también a millones de pequeños y medianos inversores que ignoraban el riesgo asumido en sus inversiones en complejas colocaciones que se habían puesto de moda y eran recomendadas por sus asesores financieros.
Para finales del año pasado había más de 15 billones de dólares en hipotecas de viviendas, muchas aseguradas, titularizadas y revendidas a las gigantes corporaciones mixtas (semipúblicas) Fannie Mae y Freddie Mac. Es decir que el intermediario lograba una ganancia, mientras que gran parte del riesgo lo asumía la nación, o mejor dicho, todos los que pagan impuestos... extraña forma de capitalismo.
La Reserva Federal (banco central) apoyó la locura hipotecaria con intereses bajos y aumentando el circulante. Pero ahora el nuevo y supuesto remedio contra la recesión que provocó el despido de 598 mil trabajadores en enero es redistribuir más dinero del Gobierno federal. Claro que aquellos privilegiados que van a llenar sus bolsillos con dinero de los contribuyentes están aplaudiendo a los políticos en Washington, pero el 70 por ciento de los ciudadanos se opone a esa nueva locura. ¿Acaso los brillantes economistas que rodean al presidente Obama no saben que subsidiar a quienes fracasan en el mercado induce a nuevos y más costosos fracasos?
Mis compañeros y amigos del Cato Institute recientemente explicaron clara y concisamente la solución:
A pesar de los informes de que todos los economistas ahora son keynesianos y que todos respaldamos un gran aumento en el peso del Gobierno... no creemos que más gasto público sea una manera de mejorar el funcionamiento de la economía estadounidense. El aumento en el gasto público por parte de los gobiernos de Hoover y Roosevelt no sacó a la economía estadounidense de la Gran Depresión en la década de 1930. Más gasto público no resolvió la "década perdida" de Japón en los años noventa. De tal manera que es un triunfo de la esperanza sobre la experiencia creer que más gasto público ayudará hoy a Estados Unidos. Para mejorar la economía, los políticos deberían enfocar reformas que eliminen los obstáculos al trabajo, al ahorro, a la inversión y a la producción. Tasas de impuestos más bajas y una reducción de la carga tributaria son siempre las mejores maneras de utilizar la política fiscal para estimular el crecimiento.