La pseudonacionalización de la caja de ahorros de Castilla-La Mancha debería llamar a la reflexión a todos los que acusan al mercado y a la falta de regulación del sistema financiero de haber provocado la actual recesión económica. Si fuera cierto que la debilidad en el control público ha ocasionado el desastre económico, las cajas de ahorros serían las instituciones crediticias más solventes del momento dado que no hay otra empresa bancaria más intervenida por el poder político, ni aquí ni en ningún otro país. Y sin embargo no ocurre así, sino todo lo contrario. Las cajas de ahorros, gestionadas por un consejo formado por representantes de los distintos partidos con representación autonómica, son ahora mismo las primeras candidatas a desaparecer salvo que el Estado las nacionalice; lo que, por cierto, constituiría una pirueta jurídico-política de primer orden, pues se trataría de nacionalizar unas entidades que ya están dirigidas por los partidos políticos, convertidos mutatis mutandi en órganos del Estado.
Afirma la izquierda que si los políticos hubieran controlado la gestión diaria de los bancos comerciales, estos no habrían destinado el grueso de sus recursos a promover la burbuja inmobiliaria, financiando operaciones urbanísticas de dudoso futuro y sin las garantías necesarias. Pues bien, ¿qué han hecho si no todas y cada una de las cajas de ahorros en los últimos años bajo la sabia dirección de los políticos?
En la España autonómica no ha habido especulador urbanístico que no haya obtenido una riada de millones en forma de créditos por parte de la caja de ahorros de referencia en la provincia, ni operación urbanística muñida en las alcantarillas del poder autonómico que no haya contado con la generosa financiación de la misma entidad, que para eso está dirigida por los "compañeros" del partido.
Con el humorismo involuntario que les es consustancial, los dirigentes de Izquierda Unida y gran parte del resto de la izquierda abogan por la creación de un sistema de banca pública que ponga coto al desastre provocado por el mercado. A poco que se esfuercen, hasta ellos serían capaces de entender que es precisamente la politización de unas entidades financieras, y su corolario inevitable en forma de de corrupción partidista, lo que deja la puerta abierta a la existencia de todo tipo de desmanes. Lo que ocurre es que la izquierda identifica el bienestar de sus estructuras partidistas con el bienestar de los ciudadanos, cuando la relación entre ambos conceptos es precisamente inversa. Que se lo pregunten a los pequeños empresarios y autónomos de Castilla La Mancha.