Lejos de limitarse a cumplimentar la remisión de la totalidad de la causa relativa a la llamada "Operación Gürtel", tal y como le había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el juez Baltasar Garzón acaba nuevamente de utilizar una resolución judicial para tratar de incriminar al tesorero y senador del PP por Cantabria, Luis Bárcenas, y al eurodiputado de este partido, Gerardo Galeote. Desatendía con ello los informes del Ministerio Fiscal y lo hacía a sabiendas de su carácter de aforados ante el Tribunal Supremo.
Garzón basa su actuación en el contenido de tres informes policiales aportados por la UDEF –Unidad de Delitos Económicos y Financieros–, según los cuales Bárcenas habría recibido "directa o indirectamente" 1.353.000 euros de la presunta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa, mientras que Galeote habría obtenido 652.310 euros. Según estas pesquisas policiales, Francisco Correa y Pablo Crespo disponían de un archivo personal con apuntes contables encabezado con las frases "Detalles entregas L.B" de la contabilidad en negro que se llevaba en uno de los pisos empleados por la supuesta trama. El auto detalla que el tesorero del PP recibió pagos en sobres y revela que los miembros de la trama se referían a él como "Luis el cabrón".
Hay que señalar que estos datos, que ya constaban en la causa, fueron en los que se basó Garzón para reclamar en dos ocasiones su inhibición en favor del Tribunal Supremo, a lo que, por dos ocasiones, la Fiscalía Anticorrupción se negó –la última vez, el pasado lunes– al estimar que estos indicios contra ambos aforados no eran suficientes. Ahora lo único que ha hecho Garzón es poner públicamente nombres y apellidos a esos aforados en lo que debía ser únicamente la remisión de la totalidad de la causa al TSJM.
Así las cosas, este auto de Garzón va a alimentar todavía más el juicio paralelo que se está dando en la opinión pública gracias a unas filtraciones contra las que Bárcenas ya había dirigido escritos de queja contra el juez, tanto al Consejo General como a la Fiscalía. No hay que extrañarse, por ello, de que Bárcenas, tras conocerse este auto, haya dado un paso más al encargar a sus abogados que presenten una querella criminal contra Garzón ante la Sala segunda del Tribunal Supremo.
En cualquier caso, si estos indicios fueran realmente probatorios de la supuesta culpabilidad de los aforados Bárcenas y Galeote, nada impediría al TSJM remitir el caso al Supremo, tal y como ha sido siempre el deseo de Garzón. Además, aun si diéramos por válido el propio auto de Garzón, queda en evidencia que no estamos ante un caso de financiación irregular de un partido, tal y como ocurriera en Filesa, sino de corrupción a título estrictamente individual. En este sentido, hay que advertir que el PP sería, no beneficiario, sino víctima de estas supuestas comisiones que se habrían embolsado dichos aforados por su intermediación a favor de Correa para la organización de eventos de partido. Finalmente, hay que recordar que el jefe de la policía judicial –superior jerárquico de quienes han efectuado las pesquisas y los informes policiales que incriminan a Bárcenas y Galeote– era uno de los compañeros de cacería del juez Garzón, junto al ya ex ministro Bermejo, circunstancia que, si bien no tendría por qué enturbiar su probidad profesional, sí nos hace como mínimo poner el auto en cuarentena.
En Libertad Digital somos tan respetuosos con la presunción de inocencia como convencidos estamos de que la corrupción no conoce de siglas. Es por ello por lo que abogamos por que si hay culpables sean condenados y encarcelados. Pero para ello debe hablar la Justicia, y no los juicios paralelos en la opinión pública alimentados por una actuación judicial manifiestamente indebida. Que dictaminen quienes tienen competencia para ello. Tal vez tenga que ser el Supremo, pero desde luego no Garzón.