Viajo a la ciudad de Nueva York desde que tenía cinco años, cuando mi padre inscribió a mis hermanos mayores en un colegio de Connecticut porque quería asegurarse de que sus hijos hablaran inglés. Desde entonces, nunca había visto tantos locales vacíos en esa gran ciudad, famosas tiendas cerradas, conocidos restaurantes con mesas disponibles y taxis desocupados. Son claras señales de una profunda recesión económica.
Asombra observar que mientras el Gobierno de Suecia, país conocido por sus tendencias socialistas, contesta la petición de Saab diciendo que "el Estado sueco no está dispuesto a ser dueño de empresas automovilísticas", el Congreso en Washington decide inyectar 700 mil millones de dólares en su Programa de Alivio a Activos en Dificultades (TARP, por sus siglas en inglés). De esa cantidad, ya se han gastado 325 mil millones de dólares en los llamados "activos tóxicos". Y ahora que el Gobierno es prácticamente dueño de General Motors, ¿debemos llamarla Gobierno Motors? Por el contrario, Saab va a ser comprado por Ikea, exitosa empresa privada sueca, con 286 tiendas en 36 países.
La diferencia es que la inversión privada es atraída por oportunidades y futuro crecimiento, mientras que cuando el Gobierno adquiere participaciones y financia a empresas privadas impide que el mercado funcione. Así los políticos ganan puntos con sindicatos e intereses especiales, pero imposibilitan la quiebra y reorganización de grandes compañías, de sus proveedores y de sectores enteros de la economía.
El Gobierno está atrayendo, con torcidos incentivos, inversiones privadas en los bancos con graves problemas de liquidez. La maniobra es así: usted invierte una muy pequeña cantidad de su dinero en este banco que está quebrado y el Gobierno le prestará el resto del dinero necesario para sacar ese banco a flote. Si el negocio sale bien, sus ganancias serán inmensas y si fracasa, el Estado absorberá casi toda la pérdida.
Por otra parte, el Gobierno de Estados Unidos incumple ahora el Tratado de Libre Comercio de 1994 con México, imponiendo aranceles a importaciones de ese país y acabando con el programa que permitía a conductores de camiones mexicanos cruzar la frontera sin largas esperas y revisiones. Todo ello incrementa los costos de grandes empresas como General Electric, Caterpillar y 3M –que en buena parte dependen de la importación de piezas fabricadas por subsidiarias en México–, aumentos que terminan pagando los consumidores estadounidenses.
México respondió imponiendo aranceles por 2.400 millones de dólares a importaciones de Estados Unidos, lo que hizo que el secretario de Transporte –Ray La Hood– pidiera a senadores demócratas dar marcha atrás en sus disposiciones proteccionistas. El intercambio comercial con México alcanzó la cifra de 368.000 millones de dólares el año pasado y ese país ocupa el tercer lugar, después de Canadá y China, entre las naciones que más comercian con Estados Unidos.
Washington puede seguir imprimiendo billetes mientras China siga adquiriendo sus bonos. El circulante en Estados Unidos se ha duplicado en el último año y el déficit comercial continúa aumentando. Pero mientras el petróleo siga relativamente barato, es poco probable que China revalúe su moneda.
El hecho de que los estadounidenses tienen ahora 3,6 veces más dinero que gastar, debido a la emisión de billetes, no significa que sean más ricos sino que sufrirán el tipo de inflación que suele ocurrir en países subdesarrollados. La verdadera riqueza de la gente son sus ahorros; es decir, lo que guardan e invierten para el futuro, no lo que están gastando hoy. Esa visión tan diferente de la realidad surge porque los ciudadanos responsables toman decisiones en base a objetivos a largo plazo, mientras que el principal objetivo de los políticos es ganar las próximas elecciones.