Por una mayoría de cinco contra cuatro, el pasado 28 de abril Tribunal Supremo de los Estados Unidos falló a favor de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), el CAC americano, en su decisión de multar a la cadena de televisión Fox por la emisión de unas cuantas palabrotas pronunciadas por algunos concursantes de un reality show.
En un escandaloso caso de activismo judicial, práctica consistente en legislar desde los tribunales, el conservador Antonin Scalia y sus cuatro compinches de la Nueva Involución Americana sostienen que la mera sospecha de que algún niño pueda haber visto el programa en cuestión es base para que el Estado, a través de un organismo formando por cinco miembros nominados por el presidente y confirmados por el Senado, castigue a la empresa infractora.
En 1978, el mismo tribunal habilitó al Estado para tomar las medidas necesarias a fin de "escudar" a los menores de cualquier material ofensivo o indecente emitido por radio o televisión. Para ello, los magistrados confirieron a la FCC la facultad de definir la indecencia como les placiese entre las seis de la mañana y las diez de la noche sin más cortapisas que las resoluciones judiciales en caso de recurso. Es decir, la sentencia abolió de hecho la primera enmienda e invirtió la carga de la prueba. En la actualidad, la definición de indecencia es "cualquier palabra o expresión que describa o retrate órganos o actividades sexuales o excretorias". Por ejemplo, caca, culo, pedo, pis.
A pesar de las numerosas sentencias dictadas en su contra, la FCC, que en los últimos 15 años ha triplicado su presupuesto (el mayor incremento se produjo durante el mandato de George W. Bush), ha gastado millones de dólares en la reafirmación de su autoridad a través de costosos abogados. Los pleitos contra las cadenas de radio y televisión por la emisión de contenidos atentatorios contra los "valores" se han convertido en un pingüe negocio para los profesionales de la queja. En 2006, el Congreso republicano aprobó un aumento de la pena máxima por indecencia, que pasó de 32.500 dólares a medio millón.
Por su parte, numerosos comentaristas y grupos progresistas han venido demandando a la FCC mayor severidad a la hora de punir actitudes consideradas machistas, racistas u homófobas y de vigilar los contenidos belicistas de numeras series de ficción emitidas en horario protegido.
La decisión del alto tribunal norteamericano constituye un grave atentado contra la libertad de expresión e información, un auténtico golpe judicial que mina uno de los principios fundacionales de aquella república.
Diversos medios de comunicación de derechas, entre ellos el canal de noticias Fox News, han manifestado su preocupación ante la posible restauración de la Fairness Doctrine, una doctrina abolida en tiempos de Reagan que obligaba a los medios de comunicación a presentar al menos dos opiniones distintas en asuntos considerados controvertidos. El pasado mes de febrero del Senado norteamericano votó una ley que prohíbe a la FCC inmiscuirse en la línea editorial de las emisoras de radio y televisión. Sin embargo, no me extrañaría que, ante la inminente consecución por parte de los demócratas de los 60 senadores necesarios para superar el veto de la minoría y el probable incremento de su super mayoría en las legislativas de 2010, tal vez se las ingenien para reinstaurar la censura política por la puerta de atrás.
Puestos a inventarnos derechos, ¿por qué no incluir entre ellos el de la mayoría de los votantes a defender sus opiniones contra las críticas de sus adversarios? Una vez más, la miope y aturdida derecha americana ha creado un monstruo que quizá acabe devorándola. No tiene derecho a quejarse.