Día a día vamos comprobando como el propósito último del cambio de Gobierno realizado por el Zapatero no ha sido agilizar la puesta en marcha de las políticas contra la crisis financiera y la recesión económica, como él mismo afirmó, sino la necesidad de conformar un Ejecutivo dispuesto a hacer las concesiones necesarias a los nacionalistas catalanes para salvar la legislatura. Ello explicaría que los ministros sustituidos, el Sr. Solbes en Economía, la Sra. Álvarez en Fomento, la Sra. Cabrera Calvo-Sotelo en Educación o el Sr. Molina en Cultura, hayan sido precisamente aquellos que mantuvieron notorios enfrentamientos en el Congreso con los nacionalistas catalanes en sus ámbitos de actuación.
A pesar de su escasa inclinación por la confrontación y la estridencia, el Sr. Solbes se había convertido en los últimos meses en el enemigo número uno de los nacionalistas catalanes. Inmune a sus amagos y veladas amenazas, el ministro se había mantenido firme, rechazando las exigencias de los nacionalistas en el asunto que ahora más les importa: obtener más recursos para Cataluña con el nuevo modelo de financiación autonómica. Y cuando se le preguntaba por qué no se había alcanzado un acuerdo antes del 9 de agosto de 2008, la fecha límite marcada por el Estatut, el Sr. Solbes contestaba invariablemente que la culpa no era suya sino de quienes habían rechazado una y otra vez las propuestas que el había puesto sobre la mesa.
Todo cambió a partir del momento en que el Sr. Rodríguez Zapatero decidió no apoyar al PNV en Vitoria tras las elecciones del 1M y los nacionalistas vascos le retiraron inmediatamente su apoyo en el Congreso. El Sr. Puigcercós, secretario general de ERC, caracterizó con su típica crudeza la oportunidad que ofrecía la nueva situación política: "Cataluña puede obtener un buen financiamiento si aprovecha que Zapatero está en precario". A partir de ese momento, la prioridad del presidente fue sentar las bases para alcanzar un pacto con los nacionalistas catalanes y el Sr. Solbes constituía el principal obstáculo para cerrar con rapidez un acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. No tengo ninguna duda de que su sucesora, la Sra. Salgado, va a ser mucho más flexible y comprensiva y que en muy pocas semanas se cerrará el acuerdo que no pudo alcanzarse mientras el Sr. Solbes estuvo al frente de Economía y Hacienda.
La Sra. Salgado ya dio muestras de su gran cintura y capacidad de entendimiento con los nacionalistas unas semanas antes de que se produjera la crisis de Gobierno. El día 24 de febrero, siendo todavía ministra de Administraciones Públicas, firmó un acuerdo con el Sr. Saura, conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación de la Generalitat, que aumentaba en 800,13 millones los 4.006 millones previstos en los Presupuestos Generales del Estado para inversiones en infraestructuras en Cataluña. Si, como se publicó, esos 800 millones correspondían a inversiones no ejecutadas en 2008, ¿por qué el Sr. Solbes no los había incluido en los Presupuestos de 2009? Y, por otra parte, ¿cómo pudo cerrar la ministra de Administraciones Públicas un acuerdo de esta naturaleza sin contar con la aprobación de los responsables de Fomento y Economía y Hacienda? La única respuesta convincente es que la Sra. Salgado contaba con el respaldo del presidente y la Sra. Álvarez y el Sr. Solbes ya habían perdido toda su influencia sobre el inquilino de La Moncloa.
Las declaraciones del Sr. Chaves, embajador volante del presidente para las Comunidades Autónomas, demuestran que el nuevo ministro de Política Territorial es también un hombre dispuesto a entenderse con los nacionalistas catalanes. Tras reunirse con el Sr. Montilla en el Palacio de la Generalitat el pasado 21 de abril, se comprometió a modificar el modelo del Sr. Solbes que, según los nacionalistas catalanes, otorga a Cataluña una financiación per capita inferior a la media española. También se ganó sus aplausos al considerar que el tope de 8.000 millones fijado por el Sr. Solbes al aumento de nuevos recursos para las Comunidades Autónomas es insuficiente. En su afán de agradar a los nacionalistas, el Sr. Chaves fue tan lejos que llegó a supeditar la convocatoria de una mesa de debate al cierre de un acuerdo con la Generalitat. Ante el revuelo suscitado por esta última declaración, el ministro se vio obligado a rectificar y admitir que el proceso de acuerdo combinará encuentros bilaterales con la definición "de un acuerdo que debe ser multilateral, porque no cabe otra posibilidad".
A la comprensión mostrada por el Sr. Chaves, los nacionalistas han respondido con una nueva vuelta de tuerca. Pocos días después, el Sr. Montilla manifestaba que "no aceptará acuerdos a la baja", por más que el presidente quiera cerrarlo antes del debate sobre el Estado de la Nación que, recordó con ironía, no es un debate "sobre la nación catalana". Por su parte, el Sr. Mas i Gabarró, cuyo partido tiene en estos momentos la llave de la mayoría en el Congreso, declaraba en una conferencia en el Círculo Ecuestre que "CiU no será cómplice de un mal acuerdo porque, si no, no seremos útiles para reclamar cuando volvamos al Govern". El Sr. Saura reclamaba el miércoles 29, poco antes de reunirse con el Sr. Chaves, el cierre de los traspasos pendientes (Cercanías, becas e inspección de trabajo) y el establecimiento de una agenda prácticamente interminable de reformas de leyes estatales (tributarias, organización del sistema judicial, etc.) para desarrollar el nuevo Estatuto. Más incomprensibles resultan las declaraciones de la Sra. Sánchez-Camacho, presidenta del PP en Cataluña, quien para no ser menos nacionalista que los propios partidos nacionalistas, reprochó también al Sr. Montilla "no haber conseguido nada bueno para Cataluña".
Estas presiones ya están obteniendo su recompensa. El Sr. Chaves acaba de anunciar tras un nuevo encuentro con el Sr. Saura el 29 de abril, que se va a traspasar a la Generalitat las competencias en la inspección de trabajo y el servicio de Cercanías de Renfe con una dotación de 4.000 millones para vías e instalaciones. Todavía no hay noticias sobre el traspaso de los activos y del personal de la empresa, ni se sabe cómo replantear el contrato programa de Renfe vigente hasta 2010, pero el Sr. Nadal, conseller de Política Territorial de la Generalitat, ya se ha apresurado a reclamar entre el 20 y el 25 por ciento de ese contrato y exigido al Estado aportaciones para financiar las ampliaciones del servicio que se produzcan en el futuro. Estamos ante una decisión de una gran irresponsabilidad política: el Gobierno del Sr. Rodríguez Zapatero ha decidido trocear un servicio de una empresa porque así se lo exige la Generalitat de Cataluña y está dispuesto a dotar 4.000 millones para mejorar el servicio y a comprometer otras cantidades indeterminadas para financiar ampliaciones futuras del servicio.
¿Se va a consumar en esta legislatura el desbarajuste autonómico que ya se podía anticipar tras la aprobación de Estatutos a la carta en la pasada legislatura? Ya estamos viendo que sí, que ningún partido político tiene el coraje y la lucidez necesarios para plantear abiertamente un modelo razonable de distribución de competencias y recursos que racionalice la descentralización territorial del Estado. Hace unos días, un diario (Expansión, 23 de abril de 2009) abría su sección política con este titular: "Chaves promete ahora a todas las regiones una negociación bilateral". Lo que esta promesa sugiere es que el Gobierno está dispuesto a hacer todas las concesiones que le exijan los nacionalistas catalanes y a extenderlas después al resto de autonomías para evitar agravios comparativos. El resultado será no un sudoku sino un laberinto impenetrable donde van a aflorar continuos conflictos entre autonomías y entre éstas y el Gobierno central.
Unas declaraciones del nuevo ministro de Política Territorial ilustran la mezcla de incompetencia y falta de responsabilidad del nuevo Gobierno que preside el Sr. Rodríguez Zapatero. A la pregunta de cómo se pagará la nueva financiación autonómica, el Sr. Chaves respondía con pasmosa tranquilidad que "el dinero saldrá de Hacienda"; y añadía que no le "preocupa que el Estado se pueda endeudar" porque hablar de financiación es hablar de servicio público. ¿No ha aprendido el Sr. Chaves, después de presidir durante 19 años la Junta de Andalucía, que ningún servicio público se puede financiar indefinidamente endeudándose? Algunos pensaban que no se podía ir a peor pero ya ven que no es así. Me temo que vamos a echar muchas veces de menos al Sr. Solbes en esta legislatura.