Cada vez que, a instancias del ministerio de Igualdad, se reúne un "comité de expertos" para tratar temas relativos al aborto la factura la termina pagando el más débil, en este caso el nasciturus, tratado una y otra vez como si no existiese; de hecho, para los ingenieros e ingenieras sociales del PSOE no existe y, por lo tanto, carece de derechos. La última vez que los "expertos" se reunieron alumbraron una de las leyes sobre el aborto más permisivas del mundo, a pesar de que la sociedad española pide a gritos un debate a fondo sobre un asunto tan sensible. La ley de marras es sólo el principio. En el programa máximo que los socialistas traen bajo el brazo, ese que saben ocultar a sus votantes para fingir mesura ideológica, la transformación social a través de la ley es tan importante como la pamema de la España plural o el recurso sistemático al Frente Popular como legitimador de su régimen.
Extender el uso de la llamada "píldora del día después" es la siguiente asignatura que las ministras de cuota quieren aprobar a toda prisa. Arguyen en su favor que en España hay muchos abortos entre las adolescentes y que eso supone un problema al que el Gobierno debe hacer frente. Y, efectivamente, es así. Las cifras de aborto entre las menores de edad son alarmantes, pero es misión de la sociedad en su conjunto –no sólo del Gobierno– encarar el problema debidamente, y hacerlo con instrumentos nacidos de la propia sociedad civil, no sólo de la varita legislativa del Estado, embarcado actualmente en una gigantesca empresa de reestructuración moral.
De esto las ministras no entienden, o entienden pero a su manera, y además mienten con un asombroso desparpajo. Su radicalismo feminista no les deja ver que la solución que proponen para que disminuyan los embarazos no deseados es un disparate que compromete seriamente la salud de todas las mujeres que se aventuren por ese camino. La píldora del día después ni es inofensiva ni se trata de una receta milagrosa para evitar el embarazo. Tiene efectos secundarios y contraindicaciones muy bien delimitadas que cualquier médico conoce a la perfección. Y no evita el embarazo sino que lo interrumpe en una fase muy temprana. Es, a todos los efectos, una píldora abortiva con las derivaciones morales que ello implica.
Asumiendo que este fármaco tiene consecuencias sobre la salud femenina, que las tiene, la única defensa que le queda es su supuesta eficacia para hacer descender el número de embarazos no deseados y de abortos en fases más avanzadas. Pero ahí tampoco acierta la ministra, que se ha limitado a citar algunos ejemplos en el extranjero sin ofrecer datos cuantitativos ni porcentajes de descenso en el número de embarazos adolescentes. Aquí, como en todo, hay que aplicar el sentido común. Si la píldora se encuentra a libre disposición de las menores de edad, a bajo precio y sin requerir permiso paterno, todo invita a pensar que se convertirá en un medio anticonceptivo más, pero con una prima de riesgo añadida.
El círculo de embustes en torno al aborto se cierra con esta polémica e inexplicable decisión. El aborto no es un derecho aunque la ley así lo dictamine y la píldora del día después no es una "fórmula anticonceptiva de emergencia", sino un fármaco cuya prescripción debe corresponder a un especialista como sucede, por ejemplo, con los antivirales. El resultado de estos dos errores de concepto puede ser especialmente amargo. Pero entonces nadie se hará responsable de los platos rotos, porque de lo que se trata es de eso mismo, de fomentar la irresponsabilidad de los menores de edad en todos los ámbitos de la vida, incluido el referente a las relaciones sexuales. Esta tal vez sea la esencia misma del "revolucionario" programa con el que los socialistas nos quieren llevar a la modernidad.