Se pongan como se pongan los fanáticos del galleguismo militante, Galicia es una región bilingüe. Lo fue en su pasado y lo sigue siendo ahora. El mayor delito del decretazo lingüístico del bipartito presidido por Touriño fue ignorar la realidad tratando de imponer una lengua sobre la otra o, lo que es lo mismo, otorgando un plus de legitimidad al gallego en perjuicio del castellano, que es, a día de hoy, la lengua mayoritaria y la única hablada por todos los ciudadanos de aquella comunidad autónoma. La polémica sobre la lengua fue uno de los disparadores que llevaron a miles de gallegos a votar por el Partido Popular en las pasadas elecciones. Ese margen de votos a la candidatura de Feijóo es lo que le ha dado la posibilidad de gobernar. Ni Feijóo ni nadie dentro del PP, ya sea en Santiago o en Madrid, debería ignorar un veredicto tan concluyente como el de las urnas.
Pero a los defensores del bilingüismo en Galicia no sólo les asiste la incontestable victoria electoral de marzo, sino la razón. El masivo movimiento popular que, durante la anterior legislatura, promovió el uso de ambas lenguas y la libre elección de los padres en las escuelas venía apoyado por un derecho elemental amparado además en la Constitución española. El PP, al principio tímidamente y luego con mayor decisión, incorporó a su programa las reivindicaciones de los partidarios del bilingüismo y se comprometió a derogar el decreto del tándem Touriño-Quintana en cien días, el plazo de gracia que se da a todos los gobiernos desde su toma de posesión. Si bien es cierto que esos cien días aún no se han cumplido, no lo es menos que los titubeos del Gabinete Feijóo son continuos y carecen de la firmeza que el candidato mostró durante la campaña.
La cuestión, por tanto, no reside en cómo reinterpretar o reformar ese decreto infame, antidemocrático y contrario a la Constitución, sino en elegir el Consejo de Gobierno que lo derogue. Y eso debe ser cuanto antes. Por dos razones. Porque lo prometió a su electorado y porque es de justicia que así sea. Si Feijóo sigue dando palos de ciego, a los únicos que fortalece es a sus adversarios políticos, que no harán sino crecerse al tomar por legítimo y razonable su delirante programa de imposición del gallego a machamartillo.
Los hechos están ahí, a la vista de todos. Durante la manifestación del pasado fin de semana donde se dio cita lo más cerril del nacionalismo gallego, se pidió machaconamente la imposición de la lengua gallega mediante la Ley, peligrosa reivindicación que, dada la vuelta, implica la eliminación del castellano, lengua cooficial en Galicia e, insistimos, mayoritaria entre los gallegos. Y no fue lo único. A modo de consigna prefabricada se amenazó de muerte a Gloria Lago, presidenta de Galicia Bilingüe y una de las más notables valedoras del bilingüismo y de la libertad de elegir en las escuelas. Las reacciones dentro del PP han brillado por su ausencia y éste es uno de los detalles aparentemente insignificantes que los populares ni pueden ni deben permitirse pasar por alto.
Actitudes matonescas como la de estos presuntos defensores del gallego son vituperables desde cualquier posición que se diga democrática, y así han de hacérselo entender los representantes salidos de las urnas hace dos meses. Fingir como que no pasa nada o considerar un desahogo este tipo de demostraciones cargadas de odio es un error que termina siempre por pasar factura.