España, 17,36% de paro. Andalucía, 24,04% de paro. Madrid, 13,49% de paro. ¿Dónde creen que viven peor los trabajadores? Parece evidente que no en Madrid, la región más próspera de España y una de las que mejor está resistiendo las consecuencias de la crisis económica.
Por supuesto, que los obreros tengan unas superiores expectativas económicas en Madrid que en la media del conjunto de España o que en regiones como Andalucía no es óbice para que la carga sindical se dirija contra el Gobierno madrileño. No es de extrañar, los sindicatos han dejado de ser –si es que lo fueron en alguna ocasión– una asociación destinada a defender los derechos de los trabajadores y se han terminado convirtiendo en un grupo de presión ideológico que vive de las rentas que les proporcionan los políticos.
Su misión, por tanto, es convertirse en un vehículo para incrementar el intervencionismo del Estado en la economía, especialmente en asuntos laborales y, dentro de éstos, en todas las regulaciones destinadas a concederles una mayor presencia institucional y un mayor poder de decisión: negociación colectiva y diálogo social.
La base de su ideología es el corporativismo italiano de principios de s. XX que tan bien representa esa nueva propuesta de Zapatero de cambiar el modelo productivo español mediante una ley consensuada por los "agentes sociales": sindicatos a un lado, patronal al otro, el Gobierno en medio de ambos y nuevos impuestos por todas partes.
Por consiguiente, cualquier sistema político e ideológico que rivalice con este sistema socialista supondrá una amenaza contra la "función social" que se arrogan los sindicatos y, por ello, contra su modo de vida. Sólo así se entiende la extrema beligerancia que las distintas centrales sindicales mantienen contra el Ejecutivo de Esperanza Aguirre y la complacencia sonriente que, en cambio, dirigen al Gobierno de Zapatero.
Esperanza Aguirre representa una sólida alternativa ideológica –probablemente la única de la que dispone hoy la derecha política– que sí se opone de manera drástica a los principios socialistas de los que viven Zapatero y los sindicatos. El libre mercado no tiene nada que ver con el corporativismo que agrada a estos falsos representantes de los trabajadores y, desde su perspectiva, se vuelve necesario eliminar a aquellos políticos que se declaren sin complejos liberales y que, dentro del margen que permite el juego partidista, implementen reformas favorables al mercado.
Si resulta esencial combatir a aquellos lobbys que, como los sindicatos, presionan al Estado para que incremente su poder a costa de las libertades de los ciudadanos, es particularmente escandaloso que, además, esos lobbys estén en su práctica totalidad financiados con fondos públicos. Dicho de otra manera, parte del dinero que nos arrebatan de manera periódica las Administraciones Públicas va destinado a sufragar, vía sindical, este tipo de campañas políticas cuyo objetivo último es atacar con mayor saña nuestras propiedades.
Si alguien tenía dudas sobre el cometido y la utilidad de los sindicatos en las sociedades modernas, su campaña sectaria contra el Ejecutivo madrileño y su pasteleo permanente con los gobiernos socialistas deberían terminar de despejarlas. ¿Hasta cuándo tendrán que seguir costeando los españoles esta desfachatez?