La admisión a trámite de la querella criminal interpuesta por Manos limpiascontra el juez Garzón es un soplo de aire fresco para la democracia. Es indiscutible que la apertura por Garzón de una "causa general contra el franquismo" resulta un disparate por muchas razones; especialmente, porque está poniendo en cuestión la autoridad del Ministerio Público, que le ha advertido de formas diferentes sobre su incompetencia para llevar a cabo tal causa.
Garzón se "rebeló", o peor, hizo caso omiso de la autoridad y, ahora, obviamente el Supremo tenía que admitir a trámite la querella criminal... Si no lo hubiera hecho, el sistema procesal, antes incluso que el sistema penal, hubiera quedado destruido; recuérdese que incluso el fiscal jefe de la Audiencia insinuó que Garzón podría estar cayendo en una conducta prevaricadora si seguía adelante con el procedimiento contra el franquismo después de que la Fiscalía de la Audiencia Nacional le había advertido de su incompetencia para el caso.
Pero detrás de la acción, supuestamente jurídica, de Garzón hay una ideología de fondo que es menester sacar a la luz pública y someter a crítica. La acción de Garzón contra el franquismo se inscribe en un proyecto más general de Zapatero, que trata de poner en cuestión el pacto fundamental de la Transición. Muerto Franco, sus herederos y críticos, en fin, todas las fuerzas políticas acordaron un nuevo comienzo para construir la democracia sobre bases como la amnistía, la reconciliación y el acuerdo entre todos los españoles. Al menos en este punto, la transición fue modélica para el resto del mundo.
Zapatero, sin embargo, ha pretendido romper varias veces esa base de nuestra endeble democracia. Su obsesión no ha sido otra que volver a la Segunda República estigmatizando la transición y dando por amortizado los años de democracia que van de 1978 al 2004. Él ha querido presentarse como un nuevo comienzo, o peor, alguien que se vincula directamente al trágico pasado de la Segunda República. En esa operación resultaba crucial volver a juzgar criminalmente a Franco, según pretendía en términos penales Garzón.
La operación, por fortuna, ha sido abortada, primero, por la propia Fiscalía de la Audiencia Nacional y, ahora, por Sala Penal del Tribunal Supremo. Por eso, insisto, la tramitación de la querella criminal es un soplo de aire fresco, independientemente del resultado de ese juicio. De todo esto deberían de tomar nota, por un lado, los juristas que usan el derecho como ideología y, por otro, los políticos que pretenden dirigir como marionetas a los jueces y fiscales. Todos ellos tendrían que ser un poco más "modernos", o sea, más demócratas. Para la modernidad los tiempos están jerarquizados. No hay tiempos iguales: el hoy es más que el ayer. Los juristas de Zapatero, sin embargo, son incapaces de comprender la inauguración de tiempos nuevos y mejores.
Esos "jueces-ideólogos" son "rancios". Reaccionarios. Están obsesionados por juzgar lo pasado y muerto. Por fortuna para la supervivencia del buen gobierno mental del "homo-sapiens", desde el punto de vista jurídico, nadie puede ser juzgado penalmente si ha fallecido. El derecho penal está de acuerdo con el saber popular inscrito en las palabras de Cristo: "Que los muertos entierren a sus muertos". El jurista y el pueblo, aunque por caminos diferentes, llegan a la misma conclusión: la responsabilidad penal desaparece con la muerte de los individuos.
Sin embargo, Garzón ha pretendido juzgar penalmente a Franco enfrentándose a la sabiduría popular, al sentido más elemental de la "razón" jurídica expresado en los autos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional y, sobre todo, despreciando al conjunto de organizaciones de la sociedad civil que reclaman un ejercicio de la justicia de acuerdo con los postulados del Estado de Derecho más desarrollado. Garzón no esperaba que nadie de la sociedad civil, por ejemplo, una asociación tan democrática y transparente como el sindicato Manos limpias, "osara" querellarse contra él por prevaricación, o sea, por "dictar resoluciones injustas a sabiendas de que lo son". Tampoco lo esperaban los corifeos mediáticos de Garzón, de ahí su reacción salvaje tildando a este sindicato de "fascista" y otras lindezas propias de reaccionarios.
Es obvio que someter a la prueba de un juicio al juez Baltasar Garzón, porque ha querido juzgar penalmente a un muerto, va más allá de la opinión de que todos, incluido los jueces, tienen que someterse al poder de la justicia. Seríamos extremadamente ingenuos, en mi opinión, si nos contentáramos con esta explicación de lo que constituye, seguramente, uno de los mayores atentados ideológicos y políticos que se han llevado a cabo contra las bases de nuestra renqueante democracia, a saber, el consenso logrado en la Transición entre las diferentes fuerzas políticas para comenzar un tiempo nuevo, para tomarnos en serio la frase de Cristo "que los muertos entierren a sus muertos".
Sería ingenuo, casi infantil, pensar que el juicio al que someterán los jueces del Tribunal Supremo a Garzón no tendrá unas hondas repercusiones en la vida política española. Más allá de la condena o no de un juez que ha hecho depender su ejercicio de lo que diga el Gobierno socialista, la sentencia que emitan estos magistrados tendrá una influencia directa en el desarrollo de la democracia española. El juicio a Garzón no puede reducirse al sólo y único ejercicio de un poder judicial autónomo. Al admitir a trámite esta querella criminal contra Garzón por prevaricación, los jueces del Tribunal Supremo están reconociendo su imbricación con una sociedad civil que exige el desarrollo de una democracia en un genuino Estado de Derecho.
El juicio del Supremo contra Garzón ya es un triunfo de la sociedad civil más desarrollada moral y políticamente de España y, además, deja claro que la democracia no se agota en el ejercicio del voto y la formación de mayorías sino en el ejercicio de una justicia, insisto, que se practica "en nombre del pueblo" o no es justicia.