Es sabido desde hace tiempo que los jueces, por lo general y por desgracia, no suelen tener ni idea de economía y así, en muchas ocasiones, dictan sentencias disparatadas que atentan contra el más elemental sentido común económico. Pero lo de la Audiencia Nacional prohibiendo a las empresas que establezcan subidas salariales inferiores al 2% ya lo supera todo.
En cualquier economía moderna, los incrementos salariales son el fruto de la negociación libre entre la empresa y los trabajadores, cuya cuantía final viene determinada por varios factores: la situación de la compañía, la evolución de la productividad y la marcha de la inflación, fundamentalmente. Con estas coordenadas, unos y otros se sientan a negociar hasta alcanzar un acuerdo. Hay casos, cuando la empresa está en dificultades, que se decide congelar los salarios durante uno o más ejercicios para permitir tanto su continuidad como la del empleo. Hay casos también en que la subida de la retribución de los trabajadores supera con creces la inflación porque hay ganancias de productividad que permiten que los empleados también se beneficien de ellas en forma de sueldos más elevados. Hay alguna que otra ocasión, asimismo, en que los propios trabajadores deciden recortarse el sueldo con el fin de evitar más despidos –caso de varios periódicos españoles hoy en día, sin ir más lejos– o de conseguir ser más competitivos –la planta de SEAT en Martorell para conseguir la adjudicación de la fabricación del Audi Q3. Lo normal, sin embargo, suele ser que la revisión de la retribución del personal se establezca en función de la inflación y, si es posible, con algún punto porcentual añadido. Así es como funcionan las cosas por el mundo con el fin de que las revisiones salariales ni ahoguen a la empresa ni menoscaben el bienestar de los trabajadores, por supuesto siempre y cuando las circunstancias lo permitan.
Pues bien, resulta que este año en España se está produciendo un fenómeno anormal, muy poco usual, de hecho, muy esporádico, y es que los precios de consumo, en lugar de aumentar, están cayendo. Según los últimos datos, nuestro país se encuentra en deflación, con una reducción del índice de precios del 0,9% interanual en mayo. En este contexto, las patronales están pidiendo que la subida salarial que se está negociando sea del 1%, no del 2%, como se ha venido tomando como referencia en los últimos años ya que este porcentaje es el objetivo de inflación del Banco Central Europeo para la zona euro. Lo que dicen las patronales tiene mucho sentido porque estamos en una crisis económica que va ser muy larga y profunda, con el paro acercándose a todo galope a los cinco millones de personas y con la competitividad de la economía española por los suelos. Pero es que, además, esa subida del 1%, si se hubiera producido en mayo, hubiera implicado una ganancia de poder adquisitivo de los trabajadores del 1,9%, porque a la subida hay que sumarle la deflación. Para estar en una crisis como la que estamos, ese incremento de poder adquisitivo francamente no está nada mal.
No obstante, como estamos en el país en el que estamos, con una izquierda –incluidos los sindicatos– cada vez más radical, las centrales han dicho que del 1% nada, que el 2% como viene siendo habitual y que allá se las compongan las empresas. En un ejercicio de clara irresponsabilidad y de abierta insolidaridad para con quienes están en paro o a punto de engrosar sus filas, a los sindicatos no se les ocurre nada mejor que presionar por todos los medios a su alcance para conseguir una subida salarial que va en contra de la competitividad de las empresas y, con ello, de su capacidad para crear puestos de trabajo y mantener el empleo existente. Quien se va al paro no sólo se siente excluido económica y socialmente, sino también por los sindicatos que, por cierto, buenos dineros le cobran a quienes acuden a ellos en busca de asesoramiento y defensa en caso de despido.
Aún así, ha habido patronales que se han negado a someterse a la presión sindical y se niegan a subir los sueldos más del 1%. ¿Respuesta de los sindicatos? Acudir a la Audiencia Nacional. ¿Respuesta de los jueces? Prohibir subidas salariales inferiores al 2%. A mí me gustaría saber qué es lo que tenían en mente los señores magistrados al dictaminar semejante disparate. ¿Es que no se han enterado de que estamos en recesión con deflación? ¿Es que piensan que así se va a salir de la crisis? ¿Es que no se dan cuenta de que en este país hay casi cinco millones de parados? Porque, por lo visto, pedirles que entiendan algo en relación con la competitividad de las empresas y su importancia para salir de la crisis, mantener el empleo, generar puestos de trabajo y aumentar el bienestar de la sociedad es como pedirle peras al olmo. Por si la economía española no padeciera ya bastantes desgracias con los políticos y los sindicatos que tiene, ahora resulta que también hay que sumar una judicatura que juzga sin saber. En este caso, no es que la justicia sea ciega, es que es ignorante o, peor aún, pesebrista del poder político. Así sólo vamos a peor.