Hay ocasiones en las que tu adversario te pone las cosas tan fáciles que solo basta con mover un dedo para derrotarle. En la llamada “batalla de las ideas” (léase socialismo versus liberalismo) pasa algo similar: hay determinadas acciones llevadas a cabo por tus contrincantes ideológicos (léase socialistas) que manifiestan una clara hipocresía y contradicción de su parte. Éstas son magníficas oportunidades que nunca hay que desaprovechar, aunque lo más probable sea que sirva de muy poco.
Permítaseme aclarar que con socialista no me refiero al Partido Socialista español, ni a los llamados partidos socialistas del resto de países. Me refiero más bien a quienes abogan por el mayor poder político y la intervención pública en casi todos los ámbitos, a expensas de las libertades individuales y el poder de la sociedad civil. Por desgracia, esta acepción de socialista, estatista o intervencionista si lo prefiere, se podría aplicar hoy día a prácticamente todos los partidos.
No obstante, lo que se denuncia en este artículo está relacionado con hechos concretos de un partido concreto, el PSOE, quien en estos momentos mantiene la privilegiada posición de poder reducir sin descanso nuestras libertades. A este altar es a donde aspira a llegar pronto la oposición, siempre que su incompetencia no supere los límites de la imaginación.
Pues bien, el caso del cierre de la planta nuclear de Garoña ha puesto de manifiesto la enorme hipocresía de nuestros gobernantes. No es sólo que mientras que en España quieren cerrar todas las centrales nucleares, en China cooperen para impulsar esta energía. No es sólo que apliquen distinto criterio según el país, demostrando que los principios -cercanos a los ecologistas, en este caso- sólo están para atraer a unos cuantos despistados y desinformados votantes.
Lo más grave, en mi opinión, es la hipocresía que esto demuestra en la actitud del gobierno hacia el empleo, en una situación tan delicada como la actual. Mientras que por un lado dicen no poder permitir deslocalizaciones de empresas o reducciones masivas de plantilla, y se muestran tan intolerantes con los despidos, por el otro son capaces de echar a la calle, directamente y de un plumazo, a todos los trabajadores de la planta de Garoña, y poner en serias dificultades a quienes están relacionados con ella.
Mientras que con una mano otorgan cuantiosas subvenciones y privilegios a General Motors, por el desastre que ocasionaría en la región colindante en caso de cierre, con la otra mano están dispuestos a firmar el cierre obligatorio de una planta de la que depende económicamente la región de Garoña. Y esto haciendo uso del “legítimo monopolio de la coacción que el pueblo ha otorgado, democráticamente, al gobierno”.
La comparación entre los casos de GM y la planta nuclear presenta, sin embargo, una diferencia nada baladí. Y es que, mientras que el cierre de la primera sería por razones económicas, es decir, porque se estimaría que los recursos empleados podrían destinarse a usos más productivos en otro lugar, en el caso de Garoña se trata simplemente de un capricho político. Siendo esta segunda forma de proceder la receta segura para ir contra la eficiencia económica y, por supuesto, contra la libertad.
Pocas oportunidades hay más claras para demostrar la verdadera cara y la hipocresía de quienes nos gobiernan, especialmente insultante con la que cae en nuestro país. Pero como resulta evidente, esta tormenta no cae igual para todos: unos están bien resguardados bajo el paraguas estatal, a otros no les queda casi ninguna protección sobre la que agarrarse, excepto la red familiar y la caridad privada.
Ángel Martín Oroes miembro delInstituto Juan de Mariana