Desde el PP Andaluz se muestran "seguros" de que el ahora vicepresidente tercero del Gobierno acabará dimitiendo por el escándalo de Minas de Aguas Teñidas (Matsa). Desde luego motivos no les faltan, no sólo por todas las circunstancias que rodearon el caso, a cada cual más bochornosa, sino por la estrategia posterior de enrocarse en la silla ministerial como si de su irrenunciable propiedad se tratara y por intentar justificar lo realmente injustificable.
Por un lado, el ex presidente andaluz ha intentado distanciarse tanto como fuera posible de la decisión de subvencionar a la compañía de la que es apoderada su hija Paula. Así, explica que él sólo "ratificó" esta dación de fondos públicos y que, por este motivo, no vulneró la Ley de Incompatibilidades. Sin embargo, la propia norma andaluza deja claro en su artículo 7 que los altos cargos de la administración deberán abstenerse de "conocer" sobre los asuntos que interesen a empresas relacionadas con sus familiares.
La ratificación obviamente queda integrada en ese "conocimiento" que la Ley de Incompatibilidades proscribe, ya que consiste en una manifestación de voluntad que perfecciona un acto jurídico que en su origen no tenía fuerza vinculante. En otras palabras, Chaves necesitaba ratificar la subvención para que esta fuera aprobada y, por tanto, debería haberse abstenido de ello según el propio artículo 7.
Pero en cualquier caso, Chaves oculta que el Consejo de Gobierno que concedió la subvención a Matsa la incrementó en tres millones de euros, sin otro motivo aparente que el de haber nombrado apoderada a la hija de su presidente. Precisamente, son decisiones como esa –en las que se favorece los políticos y a sus familiares– las que pretende desterrar toda ley de incompatibilidades.
Pero Chaves no se ha limitado a rebajar su grado de implicación en el caso MATSA, sino que también ha optado por compatibilizarla por una vía más sentimental y demagógica en la que son los medios y los políticos que han destapado la trama quienes devienen responsables de una especie de desestabilización democrática. De este modo, ha denostado las peticiones de dimisión acusándolas de emerger de una profunda frustración por no haberle podido derrotar en las urnas durante 20 años.
Dicho de otra manera, el político populista que coseche cientos de miles de voto elección tras elección, adquiere legitimidad para cometer cualesquiera tropelías que considere oportunas, ya que toda fiscalización de su actividad se entenderá como un ataque a la voluntad popular. Pero precisamente cuando un político lleva tantos años en el poder, se debería extremar la vigilancia y encender todas las luces alarmas ante los más mínimos indicios de corrupción. Más que una reforzada presunción de inocencia por haber obtenido reiteradamente el favor del electorado, la oposición y la prensa habrían de mantener una cierta presunción de culpabilidad hacia el gobernante.
Pero en el caso Matsa, los indicios de nepotismo son tan palmarios –concesión de una subvención 200 veces superior a los ingresos de tres años de una empresa que presentaba un elevado riesgo de impago y que estaba casualmente administrada por la hija del presidente del órgano encargado de aprobarla– y la violación de la Ley de Incompatibilidades tan indudable, que ni siquiera esta presunción de culpabilidad resulta necesaria para reclamar la dimisión inmediata de Chaves.
Todo lo cual, claro, no significa que vaya a dimitir, como sí espera el PPA. El caso Matsa forma parte de la normalidad del deficiente funcionamiento de la democracia española; si acaso habrá sorprendido a Chaves, no por haberle pillado con las manos en la masa, sino por el hecho de que le exijan la dimisión por una práctica habitual a la que cree que tiene derecho como representante popular. Ésa fue siempre la primera aplicación práctica del lema guerrista "to pa’l pueblo".