En la ya famosa entrevista que le hizo la UGT en el lejano diciembre de 2006, cuando la Sra. San Segundo regía el Ministerio con la euforia del rodillo que se había permitido derogar de facto con un simple Real Decreto toda una Ley Orgánica de Educación aprobada por mayoría absoluta en el Parlamento, Gabilondo ya hablaba de "pactos":
Yo creo que hay un caldo de cultivo que podríamos compartir como valores fundamentales con independencia de las opciones políticas. Un pacto de Estado por la Educación, y en algunos otros asuntos, sería indispensable.
También estoy en contra de los contenidos asépticos, de la asepsia de los contenidos. Los contenidos están vinculados a intereses legítimos, pero ha habido demasiada fluctuación, demasiado interés político.
Curioso: siendo todas y cada una de las leyes de educación desde la Transición producto de la factoría PSOE, no entendemos de qué "fluctuación" está hablando. La LOCE de la segunda legislatura de Aznar intentaba introducir algunas medidas quirúrgicas en el sistema, como el tema de los itinerarios, pero no se atrevió a cuestionar seriamente el modelo progresista de escuela en su vertiente organizativa tanto como en su vertiente pedagógica y de contenidos curriculares, pero es que ni siquiera llegó a aplicarse.
Permitiéndose no obstante alguna licencia de pensamiento libre, Gabilondo afirmaba también entonces:
A mí me parece que, en este sentido, no hemos acertado del todo, (...) por no haber hecho nunca un pacto de Estado, por haberlo vinculado demasiado a coyunturas políticas, por haberlo hecho depender de intereses particulares.
La empanada de Gabilondo resulta impropia de un ministro. Ellos y sólo ellos desde la lejana LODE de 1985 han llevado la batuta con mano de hierro para reconvertir un sistema educativo que, pese a sus lógicas limitaciones, satisfacía lo que la gente normal de la calle pide a la escuela: que enseñe y que esas enseñanzas capaciten para la vida, tanto en términos profesionales como en términos humanos. Las sucesivas vueltas de tuerca impuestas por las reformas del PSOE –LOGSE, LOPEG, etc– no buscaban mejorar ese estándar ya consolidado, sino llevar más lejos aún la herramienta pedagógica que estaba precisamente deconstruyendo la escuela como vehículo de transmisión de conocimientos para convertirla en eficaz laboratorio de transformación gramsciana de la sociedad. Lo de menos empezó a ser si los alumnos sabían algo. Ahí están, inapelables, los Informes PISA: suspenso absoluto.
Por eso da risa leer en la Tercera de ABC que, según Gabilondo, gracias a las leyes de Educación impulsadas por el Partido Socialista, "se ha producido una mayor extensión y universalización del saber, de los estudios, de la investigación, que ha contribuido decisivamente a la modernización de nuestro país en los últimos treinta años". Los ciudadanos saben que es todo lo contrario. La generación de los abuelos sabía mucho más que la de los padres, y de ahí, en picado.
Frente a esta de cal, nos da la de arena:
Podemos esgrimir discursos sobre la calidad o la equidad. Pero también podemos coincidir en que ambas son imprescindibles. La calidad ha de ser para todos, ha de sostenerse en la igualdad de oportunidades y así el esfuerzo, el talento y los resultados situarán en la excelencia a quien le corresponda.
¿De verdad? Pues mire, si a los vagos les premian con un sueldo de 1350 euros, la motivación de los que sí estudian caerá muy rápidamente... coge el dinero y corre... Ya estudiaré más tarde.
Y en este contexto de rodillo en temas de educación desde hace más de treinta años, y más después de la experiencia de lo que hicieron con la LOCE nada más llegar al Gobierno, hablar de pactos resulta cínico. No deberíamos tener que recordarle que el marco claro, de pacto aprobado y bien amplio está ya en nuestra Constitución, en los sucesivos puntos de su artículo 27. Pero si intentan seguir funcionando como si no existiera el apartado 2 del 27.1 ("se reconoce la libertad de enseñanza"), el 27.3 ó el 27.5 ("con participación efectiva de todos los sectores afectados") ó el 27.6 ("se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes"), no habrá ningún avance.
Tampoco si emite absurdamente guiños semánticos vacuamente progres con afirmaciones del tipo "no van a dar lecciones de esfuerzo quienes lo han tenido todo". Estas frases las carga el diablo, y le podrían decir quiénes dentro del partido lo han tenido todo, empezando por la mayoría de ministros y altos cargos de González, ex alumnos muchos de ellos del elitista colegio de El Pilar, de cuando iban a él los nietos de Franco.
Pero donde se equivoca más profundamente el ministro es en la identificación de los eventuales interlocutores de su propuesta de pacto. La España –educativamente hablando– de 2009 no es la España, no ya de hace 30 años, sino ni siquiera la que se encontró Zapatero en 2004. Gracias en parte a haber forzado hasta el paroxismo el sistema educativo con la introducción de las conflictivas asignaturas de Educación para la Ciudadanía, el mapa de los eventuales interlocutores se ha modificado completamente y, sobre todo, ha hecho patente cuál es la representatividad real de cada uno de ellos.
La ficción de representación del Consejo Escolar del Estado y de los Consejos Escolares de la Comunidades Autónomas ha saltado por los aires. La CEAPA no representa más que a una parte muy pequeña de los padres de alumnos de los centros públicos. Los padres no asociados –¿por qué será?– son clarísima mayoría. ¿Quién tiene su voz? Pues en parte la tiene una realidad nueva e inesperada: las Plataformas de objetores. Catalizados por el rechazo al adoctrinamiento estatal obligatorio de las conciencias que supone EpC tal y como sigue configurada en los Reales Decretos de enseñanzas mínimas, han hecho su aparición como cosecha madura tras años de invisibilidad como miembros de la llamada "comunidad educativa" más de 70 Plataformas de padres, representativos de al menos 52.000 alumnos. Su presencia no puede ser ignorada. Tendrán que terminar de perfilar su identidad y encontrar su paraguas formal como Asociaciones de Padres y exigir su silla en los consejos correspondientes, pero no pueden seguir siendo ninguneadas. Recuerde el 27.5: "con participación efectiva de todos los sectores afectados".
Y ahí le esperan, Sr. Gabilondo. Sus proclamas de pactos y consensos tienen en el conflicto de EpC su piedra de toque. ¿Está en su voluntad llegar a un pacto sobre los contenidos para salvaguardar los legítimos intereses de las familias, tal y como les ha reconocido el Tribunal Supremo?