El sindicato Manos Limpias acaba de denunciar ante la justicia al ex consejero vasco de Interior, Javier Balza, por la supuesta comisión de unos ilícitos penales como son la omisión de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, el encubrimiento y la colaboración con banda armada. El origen de esta valiente y argumentada denuncia surge de los escalofriantes y no menos valientes testimonios de unos agentes de la Ertzaintza a Antena 3 TV en los que confesaban que, durante el mandato de Balza, les dieron "ordenes expresas" para actuar bajo mínimos en la lucha, persecución, detención e investigación de ETA. La verosimilitud de esas manifestaciones no radica únicamente en la actividad, efectivamente nula, de la Ertzaintza a la hora de detener a los etarras y a sus cómplices; tampoco únicamente en la tradicional oposición de los nacionalistas a buena parte de nuestro ordenamiento jurídico contra el terrorismo, sino también en la propia dinámica del "diálogo" y los "procesos de paz" que, tal y como no me cansaré de repetir, conllevan siempre una mayor o menor incompatibilidad con el imperio de la ley.
Como dice el sindicato en su denuncia, "en el Estado de Derecho el principio de legalidad está por encima de cualquier consideración política y partidista" y "es obvio que, si lo que pretendía el ex consejero de Interior denunciado era utilizar lo que denominó proceso de paz para dar órdenes a los ertzainas en el sentido expuesto de los hechos denunciados, en modo alguno, desde el punto de vista estricto del ordenamiento jurídico general y penal en concreto, podía haber dado instrucciones u órdenes a la Policía autónoma vasca, máxime al tratarse de delitos de terrorismo".
Con todo, dudo de que la denuncia planteada por Manos Limpias llegue a una condena por las implicaciones que podrían tener para todos los gobiernos y ministerios del Interior que se han visto relacionados en procesos de "diálogo" con criminales prófugos de la justicia, tal y como ha sucedido en todos los mal llamados "procesos de paz".
Naturalmente, no pongo en un mismo saco moral, ni siquiera legal, los encuentros que con ETA mantuvieron los gobiernos de González o Aznar, que se limitaron a la bienintencionada estupidez de constatar que la tregua era sólo una tregua, con los infames encuentros que mantuvo con ETA el PNV y el resto de partidos firmante del Pacto de Estella o el que tuvo en Perpiñán Carod-Rovira para, en palabras de la banda, "diseñar estrategias conjuntas para la desestabilización del Estado español". Tampoco equiparo la actuación del Gobierno de Zapatero, que llegó a prenegociar una tregua comprometiendo un precio político, con la de sus antecesores. Lo único que afirmo es que todos esos gobiernos y representantes políticos incumplieron, en mayor o menor medida, su "deber de promover la persecución del delito" cada vez que se reunían con los prófugos de la justicia. Y no es una hipótesis descabellada, sino del más elemental sentido común, suponer que todos los responsables de contactar con ETA tomasen las medidas necesarias para evitar que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado detuviesen a sus interlocutores en esas reuniones clandestinas.
Con esto –insisto– no quiero decir que todos los gobiernos y responsables de Interior hayan dado ordenes tan expresas e infames como las que les atribuyen a Balza para no detener a sus interlocutores de ETA: al margen de que muchos encuentros con los etarras prófugos se dieron en el extranjero, hay un gran distancia moral y política entre unos y otros. Pero no será la primera vez que la infamia de unos se excusa en el error de los otros. Es por ello por lo que no creo que la denuncia de Manos Limpias prospere judicialmente, por mucho que pueda ayudar a inocular en la opinión pública la idea de la incompatibilidad entre los procesos de paz y el imperio de la ley.
En cualquier caso, esta es la hora en que seguimos sin saber si los policías que advirtieron a los responsables de la extorsión de ETA de que estaban siendo vigilados por orden del juez Marlaska, perpetraron ese delito de colaboración con banda armada por decisión propia o cumpliendo órdenes de sus superiores. Lo que sabemos es que ni estos eran nacionalistas, ni sus subordinados ertzainas.