España, país de reciente ingreso en el selecto club de las naciones opulentas, se ha pasado de rosca con gollerías e ineficiencias equivalentes a los lujos típicos de los nuevos ricos, que han contribuido mucho a esta crisis. Por ello, dedicamos este artículo a detallar algunos de nuestros principales lujos de nuevo rico.
Despilfarro en el gasto público
La estructura del gasto público en España está trufada de derroches, como los siguientes:
- Tres millones largos de funcionarios en total, que costarán este año unos 120.000 millones de euros, cuando hace treinta y cinco años había entre la tercera y la sexta parte (según las fuentes). Como desde entonces la población española ha crecido alrededor del 30%, y se ha generalizado la implantación de la informática, calcule el lector cuántos podrían sobrar (¿500.000? ¿1.000.000?), y cuánto dinero de más se está detrayendo del bolsillo del contribuyente y de la parte más productiva de la economía por este concepto.
- Los cerca de 2.000 millones de euros de pérdidas de las televisiones públicas (que ahora se quieren endosar en parte a las “telecos” de forma arbitraria, en el caso de TVE).
- El PER en el sur, que cuesta un dineral y desincentiva el esfuerzo.
- Ayuntamientos como el madrileño, que ha sextuplicado su deuda desde 2003, pese a incrementar de forma sustancial en ese tiempo sus ingresos por impuestos, tasas y multas (la recaudación por estas últimas se ha multiplicado por doce desde que Álvarez del Manzano dejó el consistorio).
- Autonomías muy gastadoras, con la valenciana, catalana y balear encabezando la lista de las más endeudadas.
- Ministerios innecesarios y antieconómicos, como Igualdad o Vivienda.
Antieconómica fragmentación del Estado
La fragmentación del Estado y el mercado interno español en corralitos autonómicos es muy gravosa para la economía nacional, por razones como las siguientes:
- Ineficiencias e incrementos en el gasto público por pérdida de economías de escala (el famoso “por diecisiete”).
- Sobrecostes de adaptación de las empresas a las diversas normativas autonómicas, y menos comercio interno por los proteccionismos regionales.
- Políticas contra la lengua de mayor valor económico (el castellano) en ciertas regiones.
- Desaladoras en vez de trasvases, por peleas interregionales. Resultado: sobrecostes en el agua en el Levante, donde con más H2O se generaría mucha riqueza.
Mercado laboral rígido e ineficiente
La regulación de nuestro mercado laboral es un auténtico adefesio, y sin duda contribuye mucho a que encabecemos la “Champions League” del desempleo y la precariedad laboral en Occidente.
En España, el despido sólo es fácil con los empleados temporales, categoría que por tal motivo fomenta nuestro marco regulatorio laboral. Y resulta carísimo en trabajadores con mucha antigüedad en plantilla.
Por supuesto, además, es imposible con los funcionarios y los liberados sindicales. Finalmente, cuando una empresa va mal y necesita reducir plantilla para capear el bajón o sencillamente para sobrevivir, la necesidad de EREs, las trabas administrativas a su aprobación, y los altos costes de despido le resultan muy lesivas. Y a veces, incluso la abocan a la quiebra.
Inseguridad jurídica
La inseguridad jurídica que padecemos es mala para la economía y la calidad de nuestra democracia. En los grandes asuntos de calado político no parece haber independencia judicial, ni imparcialidad de los reguladores “independientes”.
Y en los casos ordinarios, la justicia suele ser muy lenta, lo que merma notablemente su calidad y eficacia. Además, sufrimos una inseguridad ciudadana muy superior a la tolerable, que también daña nuestra economía. Finalmente, la multiplicación de regulaciones por autonomías y ayuntamientos crea importantes sobrecostes e incertidumbres a las empresas.
Cultura del “no-esfuerzo” y meritofobia en educación
Nuestro sistema escolar no fomenta el esfuerzo (verbigracia: el reciente intento de dejar que se pase de curso con cuatro suspensos), desincentiva que destaquen los mejores, y no respalda la autoridad de la figura del profesor.
Y a eso añade extravagancias como la geografía e historia de mi comunidad autónoma antes que (o en lugar de) la de España, o discutibles asignaturas que rezuman anticapitalismo, como Educación para la Ciudadanía. Todo esto es muy dañino a largo plazo para la economía.
Energía: peor casi imposible
El parón nuclear de los 80 fue un grave error, como bien sabe nuestro pro-nuclear vecino francés. Ahora, en plena crisis, seguimos sin dejar que construyan nuevas centrales, pese a que esto generaría muchos puestos de trabajo, y cambiaría hacia mucho mejor las expectativas sobre costes energéticos en España a largo plazo, y sobre futuras emisiones de CO2.
Y para rizar el rizo en este asunto, parece que ZP desea cerrar prematuramente la central de Garoña, que produce la energía más barata de España (¡Se ve que no hay nada como ser nuevos ricos e ir sobrados!).
Además, a partir de 1997, para contener el IPC, se bajaron por decreto las tarifas durante varios años. Con ello, además de estimular el sobreconsumo energético y desincentivar la inversión en infraestructuras eléctricas, engordábamos el denominado “déficit de tarifa” (a primero de 2009, unos 14.000 millones de euros acumulados), que nos toca pagar más tarde en incómodos plazos y con intereses.
Finalmente, nos hemos creído tan a pies juntillas la hipótesis de que hay calentamiento global provocado por el CO2 y que esto será muy dañino, que sólo en 2009, en plena debacle económica, se prevé que regalaremos unos 3.600 millones de euros (!!!) de todos los españoles en primas a los productores de energías alternativas, que además de carísimas no ofrecen garantía de suministro continuo.
Trabas a la actividad en comercio y telecomunicaciones
Seguimos sin libertad de horarios comerciales y de establecimiento de nuevas grandes superficies. Será que nos sobran empresarios dispuestos a invertir lo que haga falta para generar riqueza, competencia en el mercado, puestos de trabajo, comodidad para el consumidor y menor inflación.
Y en telecomunicaciones, los organismos reguladores llevan muchos años poniendo trabas a Telefónica en aspectos esenciales de su negocio, como descuentos e inversiones, perjudicando con ello el bolsillo de sus clientes (la mayoría de los españoles) y la creación de riqueza mediante inversiones en nuevas redes y servicios.
Impuesto de sociedades y cotizaciones sociales muy elevados
España es un país al que, por nivel de desarrollo, ubicación, costes salariales, cualificación de fuerza laboral, liderazgo iberoamericano y calidad de vida, muchas empresas multinacionales seguirían escogiendo para instalarse, o del que no desearían irse para reubicarse en lugares de menor coste.
Pero, en un mundo globalizado, nuestros altos tipos de impuesto de sociedades y de cotizaciones sociales -de las más altas de Europa- nos cuestan mucha riqueza y puestos de trabajo en inversiones de compañías multinacionales, con o sin DNI español.
Corrupción
La corrupción relacionada con la política en España, sin llegar a niveles tercermundistas, es inaceptablemente elevada. Además de inmoral, nos cuesta mucho dinero, con demasiados casos recientes de renombre que afectan a todos los colores políticos.
Meritofobia en nuestra clase política
Entre la falta de democracia interna en los partidos, las cuotas, la efebocracia y otras causas, tenemos demasiados políticos con mando en plaza con poca preparación y valía. Eso daña a la economía, y mucho.
Políticas de cuotas y feministas
Suponen un apreciable sobrecoste y/o pérdida de eficacia para las empresas y administraciones públicas, y van en contra de la natalidad.
Sistema de Cajas de Ahorro
Las Cajas, vía encubierta para intervenir en la economía por los políticos regionales, son una anomalía en un sistema de libre mercado. Y aunque hay algunas muy bien gestionadas, en conjunto, su morosidad global es mucho mayor que la de la banca privada.
Pavorosa falta de natalidad
A largo plazo y con mucho, éste es nuestro más corrosivo lujo de nuevos ricos. También de casi todos los demás países desarrollados. Su causa principal es la pérdida generalizada de espíritu de sacrificio, y el deseo de la mayoría de la gente de no complicarse la vida y el bolsillo con (más) hijos. También perjudican a la natalidad las políticas públicas pro-feministas, pro-abortistas y pro-divorcistas (verbigracia: el proyecto de nueva ley del aborto, y la denominada ley del “divorcio exprés” de la pasada legislatura).
Asimismo, asombra el pasotismo sobre esta terrible bomba de relojería de nuestras élites, enfermas de cortoplacismo1. El efecto a largo plazo de este invierno demográfico, para la economía y el sistema de pensiones, será nefasto. Pero su impacto negativo, que ya ha empezado a llegar, lo iremos notando bastante antes en forma de menos crecimiento y consumo, problemas en las empresas por falta de pirámide de edades, y un gasto sanitario cada vez menos sostenible.
Notas al pie:
1 Según un político español de primerísimo nivel, “las élites españolas hace mucho tiempo que dimitieron” (en referencia a su obligación de velar por el bien común a largo plazo de nuestra sociedad).
Alejandro Macarrón Larumbe
Consultor de Estrategia de Empresas y Finanzas Corporativas
El presente artículo fue publicado en Expansión el 28 de mayo de 2009.