Felipe González ya demostró que un Gobierno del PSOE es capaz de aguantar sin casi despeinarse un abuso masivo de los fondos públicos por parte de sus subordinados, pero que no es capaz de soportar, sin embargo, el ridículo. Si Luis Roldán se distinguió de los demás chorizos que proliferaron en los gobiernos del sevillano no fue porque llegara al extremo de robarle el dinero al Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, sino por las fotos en calzoncillos. Y Saiz no ha caído porque usara dinero del CNI para asuntos propios, sino por lo chusco de los detalles de su caso.
Si Alberto Saiz hubiera sacado dinero de los fondos reservados para comprarse unos pisos, quizá seguiría hoy en su puesto. Pero hacerlo para practicar la caza y la pesca submarina, borrando después las huellas de su presencia sustituyendo su cara por el rostro de un agente del CNI que lo acompañaba en las fotos del viaje, provoca casi más risa que indignación. Las informaciones sobre agentes obligados a limpiar su piscina, transportar patatas, espiar a la criada de un amigo o reformar su casa no hicieron sino acrecentar esa imagen de superintendente de la TIA o de jefe de Anacleto, agente secreto. Y si algo no soporta el PSOE es que se rían a su costa.
Alargar la agonía del director del CNI, Alberto Saiz, hubiera desgastado políticamente al Gobierno, que además no sacaba nada manteniendo en su puesto a una persona nombrada exclusivamente por sus relaciones personales con José Bono, y mantenida después por su completa sintonía con el presidente Zapatero en asuntos clave como la negociación con ETA. Bastaba con encontrar un sustituto que mantuviera esa misma relación con el presidente, y el elegido ha sido el general Sanz Roldán, antiguo jefe del Estado Mayor de la Defensa que se ha distinguido, entre otras cosas, por decir públicamente que no cabía la victoria total sobre el terrorismo cuando el Gobierno ya había comenzado el proceso de rendición, y las víctimas su rebelión cívica. Al menos, además de sintonía con Zapatero, cabe suponerle una mayor competencia que a Saiz, aunque tampoco sea ese un listón excesivamente alto.
En cualquier caso y casi paradójicamente, el principal perjudicado por esta "dimisión", además del propio dimitido, es el PP. No sólo pierde un arma con la que desgastar a Zapatero, sino que se queda aún más huérfano de excusas en el caso Bárcenas. Ya son dos los altos cargos del Gobierno que dimiten en los últimos meses por diversos escándalos. Bermejo y Saiz son, sin duda, víctimas de sus propios actos, pero su caída nunca se habría producido sin una decisión de más arriba. Que Rajoy esté esperando la dimisión de su tesorero, en lugar de forzarla, lo deja en muy mal lugar.
Además, Rajoy tiene en el mismo PP un excelente ejemplo de cómo se debe reaccionar ante sospechas de la más mínima irregularidad. No hicieron falta varios días de portadas en la prensa detallando el escándalo; ante los primeros indicios de que varios dirigentes y cargos menores del PP de Madrid habían podido corromperse, fueron también dimitidos al estilo Saiz. Desde el momento en que aparecieron detallados en la prensa los pormenores del sorprendente patrimonio del tesorero del PP y de los numerosos indicios que lo asociaban con la trama de Correa, Bárcenas debería haber sido cesado. O dimitido, que es la forma habitual de ser despedido en política. No se puede vender una ilusión de cambio a los electores cuando se está mostrando a la opinión pública un ejemplo tan claro de contagio de los peores defectos del socialismo español.
En cualquier caso, y pese a que los socialistas aprovecharán sin duda esta dimisión para sacar pecho y atacar al PP con tales argumentos, Zapatero tampoco tiene tantas razones para sentirse orgulloso. Sigue manteniendo como vicepresidente tercero a un Manuel Chaves cuya interminable trayectoria en Andalucía está repleta de escándalos, de los que la subvención de diez millones a la empresa de su hija sólo tiene de particular haber sido el único caso destapado después de llegar a su Gobierno. También es digno de dimisión el claro conflicto de intereses de González-Sinde al ampliar las ayudas al gremio al que representó hasta ser nombrada y al que regresará en cuanto termine su mandato. Aun si dejáramos al margen la incompetencia generalizada en su Consejo de Ministros, Zapatero tiene la obligación de cesar al menos a dos miembros de su gabinete. Que Saiz no sea el último.