Después del fracaso de la huelga del 20-J, convertida en éxito a posteriori por el Gobierno del PP, ha quedado demostrado que el poder de convocatoria de los sindicatos mayoritarios ha decaído mucho desde los tiempos de Felipe González. Evidentemente, un Gobierno socialista siempre teme más una convocatoria de huelga general –porque son "los suyos" quienes protestan contra su política– que uno más cercano a las posiciones liberales. Pero el PSOE ha demostrado que puede quitarse la E de sus siglas sin consecuencias electorales, de modo que tampoco la O debería suponerle problema alguno.
Otra cosa es que Zapatero tiene más bien poco interés en los problemas económicos, y nulo en meterse en líos por algo que ni le va ni le viene. Lo suyo es el cambio en la sociedad, el aborto, la eutanasia, el matrimonio homosexual, el conseguir que la Iglesia no tenga sitio en el debate público. Estos asuntos no se emplean como cortina de humo para tapar lo que muchos denominan "verdaderos problemas", sino que para el Gobierno actual la economía, la destrucción de la Nación, la lucha antiterrorista y otros asuntos de calado son cosas de las que debe ocuparse porque no queda otro remedio. De modo que las consecuencias de la crisis, mientras consigan convencer a un número suficiente de españoles de que no son responsabilidad suya o de que con el PP sería peor, le importan bien poco a Zapatero.
Así, si el mal llamado diálogo social siempre ha servido para eludir responsabilidades al gobernante, en el caso de Zapatero está siendo utilizado de escudo para no hacer nada que pueda perjudicarle electoralmente. Por desgracia, el extendido desconocimiento del papel del empresario en una economía capitalista provoca que a muchos españoles les horrorice la perspectiva de que se abarate el despido o se adopten otras medidas de flexibilización, como eliminar los convenios colectivos o el requisito de contar con autorización administrativa para despedir a una parte de la plantilla. Parece como si el empresario fuera a despedir a todo el mundo por el hecho de que le cueste menos, cuando necesita de la producción de sus trabajadores para ganar dinero. Incluso Marx, desde su escasa comprensión de la economía, reconocía que el capitalista se lucra explotando a los trabajadores, no echándolos a la calle. En un mercado libre, contratar es una buena noticia para una empresa y despedir una mala.
Desgraciadamente, tantos años de propaganda socialista han logrado que muchos ciudadanos reaccionen a propuestas de mejorar el mercado de trabajo con un reflejo condicionado de espanto. De ahí que tomar cualquier medida en la buena dirección vaya a ser impopular. Escudándose en unos sindicatos que representan sólo a un mínima porción de los trabajadores, y que desde luego están lejos de defender los intereses de quienes se encuentran en paro, el Gobierno puede seguir lavándose las manos aparentando preocupación por los desempleados y la situación económica.
Nadie puede tomarse en serio la calificación de diálogo "social" de unas reuniones en el que participan el Gobierno y dos sindicatos y una patronal cuya representatividad "social" se da por sentada, pero es más que dudosa. Pero menos aún cuando ese supuesto diálogo es dirigido por el Gobierno de Zapatero, quien ya ha decidido apoyar completamente las posiciones de los sindicatos y negarse a tomar en consideración siquiera las propuestas de la patronal. Eso no es diálogo social, sino un mero monólogo socialista. España seguirá siendo un país en el que una parte está muy protegida frente al despido y otra carece de protección alguna, por ser temporales, autónomos, parados o trabajar en negro. Ese es el modelo "social" que defienden los sindicatos y que Zapatero no modificará.