Hay muchas formas de sentirse cristiano. Sin embargo, la de los nacionalistas vascos tiende a ser de las más reaccionarias. La influencia que la Iglesia vasca tiene en la política de su Comunidad Autónoma no encuentra parangón en ningún otro sitio de España. Hace tiempo, una encuesta dedicada a determinar cuántos católicos practicantes hay en España, resultó que, mientras en el resto el porcentaje oscilaba entre el 30 y el 35, en el País Vasco un 45 por ciento de la población era asidua a la misa dominical. El que la Iglesia allí tienda a ser nacionalista y separatista y especialmente influyente no la hace naturalmente abierta a aceptar lo que podríamos llamar, si se me permite el oxímoron, "valores morales de la nueva izquierda". Más bien al contrario. La Iglesia allí aprovecha su influencia para transmitir sus puntos de vista con más vehemencia de la que emplea en el resto de España.
Por eso, resulta sorprendente que haya sido precisamente la representante del PNV, Margarita Uría, la ponente que en el seno del Consejo General del Poder Judicial ha defendido la constitucionalidad del proyecto de ley del aborto que el Gobierno ha elaborado. El PNV representa a una derecha conservadora y reaccionara, para nada liberal. Muy bien puede por tanto aplaudir subidas de impuestos para la gente de fuera del País Vasco, restricciones a los horarios comerciales, prohibición de grandes superficies, subvenciones a las más atrasadas industrias, a las explotaciones mineras más antieconómicas y a cualquier cosa que huela a rancio, pero ¿hacerse proabortista? Eso era algo que nunca creí que fuera a ver.
La cosa tiene delito porque además el proyecto es groseramente contrario a la Constitución. El propio Tribunal Constitucional ha dicho que siempre lo sería una ley de plazos porque el derecho a la vida ampara a la del feto y sólo podría decaer en caso de que entrara en conflicto con el derecho a la vida de la madre. Que este planteamiento haya resultado en un coladero por la vía del peligro para la salud psíquica de ella no obsta al hecho innegable de que nuestra Constitución no permite una ley de plazos en la que el derecho a abortar dependa de la exclusiva voluntad de la embarazada con tal de que lo ejerza dentro de equis semanas desde la gestación.
El Confidencial Digital da como noticia que el apoyo a la ley del aborto y a los presupuestos es el precio que está dispuesto a pagar el PNV a cambio de poder seguir conservando el control de la Diputación de Álava. Ésta era reclamada para sí por el PP de Basagoiti, que contaba con los votos del PSOE como justa compensación al apoyo prestado a Patxi López para que se hiciera con la lehendekaritza. La noticia, aunque fuera mera especulación, tendría buena pinta porque lo que es un hecho es que Margarita Uría, del PNV, apoya la constitucionalidad del aborto y Patxi López ha traicionado al PP y permite que el PNV siga ocupando la Diputación de Álava en perjuicio de su socio popular.
Y ahora a ver quién es el Rajoy que ordena abandonar a López como castigo a su traición y quién es el Basagoiti que denuncia la alianza del PSOE con el PNV para controlar los dineros de la Diputación de Álava. Y eso que no entrenan, que si entrenaran...