Nada más saberse que el presidente de Apple, Steve Jobs, se había sometido a un trasplante de hígado surgieron rumores de que había encontrado alguna manera para saltarse el sistema de donación de órganos pasando directamente a la cabeza de la lista de espera. Se destacó especialmente que el trasplante de Jobs se practicó en un hospital de Tennessee, a unos 3.000 kilómetros de su casa en California. Este hecho parece indicar que Jobs se apuntó a más de una lista regional de trasplantes. El registro múltiple no es delito pero es algo que puede salir caro, puesto que el paciente tiene que poder viajar en el momento en que se produce el aviso de que el órgano está disponible, y porque en general las compañías de seguros no costean los exámenes en más de un hospital. Jobs, que es multimillonario, puede haberse así beneficiado de "un vacío legal que favorece a los ricos", se lamenta USA Today.
Si Jobs hubiera viajado hasta Tennessee para pedir opinión a un especialista médico reconocido y muy solicitado, o si hubiera comprado equipamiento médico de tecnología punta, o si se hubiera sometido a una infrecuente y difícil operación cerebral –o si se hubiera comprado una mansión en Smoky Mountains, ya que estamos– nadie se estaría quejando de vacíos legales y preguntando si no se habrán manipulado las normas. En lo que respecta a los servicios prestados por profesionales de la medicina o a la tecnología médica o a los procedimientos quirúrgicos –o a las operaciones inmobiliarias– la gente entiende que los proveedores suelen cobrar lo que el mercado les permite.
El mismo sistema económico que en general facilita la disponibilidad de una atención sanitaria de buena calidad para todos eleva el precio de determinados productos y servicios lo suficiente para que sólo los ricos puedan permitírselos. No es una novedad que los mejores cirujanos del mundo cobran una minuta elevada, o que las medicinas milagrosas más recientemente descubiertas tienden a ser caras, o que los multimillonarios se pueden permitir cosas que los simples mortales no pueden permitirse.
Pero en lo que respecta a la donación de órganos humanos, hay muchísima gente convencida de que debe impedirse operar al mercado.
Bajo la ley actual, se puede trasplantar un órgano para salvar la vida de un paciente sólo si ha sido donado de forma gratuita. La ley federal hace "ilegal que cualquier persona compre, reciba o por lo demás done cualquier órgano humano con conocimiento de causa bajo ánimo de lucro para su uso en trasplantes humanos". El cirujano que practicó el trasplante de hígado de Jobs, el hepatólogo que estableció el diagnóstico, el anestesista que mitigó sus dolores, la enfermera que asistió durante la operación, el centro médico que aportó las instalaciones, la farmacia que suministró su medicación, hasta el chófer que le llevó al hospital; todos ellos fueron remunerados por sus servicios. Tan sólo el donante del órgano (o la familia del donante, si el hígado procedía de un difunto) no recibió nada, a excepción de la satisfacción derivada de hacer una buena acción.
Así es como deben ser las cosas, nos aseguran: los órganos deben donarse exclusivamente de manera desinteresada. De lo contrario los ricos podrían explotar a los pobres. Otros se oponen frontalmente a cualquier tipo de comercio con órganos humanos. Abrir la puerta a los "incentivos financieros", afirmaba el Instituto Médico en 2006, podría "conducir a que la gente considere los órganos como bienes de intercambio y se reduzcan las donaciones fruto del altruismo".
Desafortunadamente, los motivos altruistas no bastan. Yo llevo encima un carnet de donante de órganos y creo que todo el mundo debería hacer lo mismo, pero sólo el 38 por ciento de los conductores se ha registrado como donante de órganos. Miles de órganos que se podrían emplear para salvar vidas y devolver la salud se pierden cada año, enterrados o incinerados junto a cadáveres que nunca volverán a necesitarlos.
A nadie se le pasaría por la cabeza sugerir que la asistencia médica es algo demasiado vital o sagrado como para ser considerado un bien o servicio que pueda ser comprado y vendido igual que cualquier otro. Si la ley prohibiera cualquier "consideración con ánimo de lucro" a la hora de curar enfermos y autorizara a los médicos a ejercer la medicina sólo si lo hacen gratuitamente, habría menos médicos y muchos más enfermos y muertos.
El producto de nuestro desencaminado sistema altruista de donación de órganos es en gran medida lo mismo: muy pocos órganos y demasiados muertos. Más de 100.000 estadounidenses se encuentran en la actualidad en la lista de espera nacional para trasplantes de órganos. El año pasado se practicaron 28.000 trasplantes, pero se añadieron a la lista de espera 49.000 pacientes nuevos. Conforme se alarga la lista, la espera se vuelve más mortal, y la carencia de órganos disponibles se agrava. El pasado año, 6.600 personas fallecieron mientras esperaban un riñón o un hígado o un corazón que podría haberles mantenido con vida. Otras 18 personas morirán hoy. Y otras 18 fallecerán mañana. Y otras 18 cada día, hasta que el Congreso corrija la ley que permite que se desperdicien tantos órganos valiosos y que se pierdan de manera innecesaria tantas vidas.