España tiene uno de los mercados de trabajo más rígidos del mundo. Basta con echarle una mirada al Índice de Libertad Económica que elabora anualmente la Fundación Heritage para comprobar que nuestra legislación laboral es más intervencionista que la de países tan poco liberales como Pakistán, Liberia o incluso Zimbabue.
No es casualidad, por consiguiente, que España sea el país europeo con una mayor tasa de paro y que, pese a ello, el desempleo no deje de subir trimestre tras trimestre. Y es que las crisis económicas son épocas en las que la economía debe reajustarse para corregir las malas inversiones que han inducido los bancos centrales durante la etapa de expansión crediticia. Ese imprescindible reajuste pasa por dos vías: primero, que los factores productivos abandonen algunas ocupaciones para entrar en otras y, segundo, que aquellos precios de los factores productivos que estuvieran artificialmente inflados se reduzcan. De hecho, lo normal es que ambos procesos tengan una continuidad lógica: para que un factor productivo desempleado pase a utilizarse en una nueva industria, lo normal es que tenga que aceptar recortes en su salario.
La economía española es una experta a la hora de recorrer sólo una parte del camino: el factor productivo trabajo está siendo expulsado del mercado. El problema es que le falta la otra parte: que los desempleados encuentren una nueva ocupación. La manera de lograrlo pasa en buena medida por reducir los costes que los trabajadores suponen para las empresas que ya existen y, sobre todo, para las nuevas que deben crearse en otros sectores de la economía.
Así, por ejemplo, Paul Krugman, economista muy del agrado del presidente del Gobierno, sugirió en su visita a España que nuestro país tenía que rebajar los salarios alrededor del 15% para ser competitiva y volver a crecer. Aunque la cifra no tenga por qué ser ni mucho menos exacta, sí refleja un cierto consenso entre los economistas, incluso entre los keynesianos: precios y salarios deben descender porque durante la burbuja inmobiliaria vivíamos gracias al éxtasis crediticio muy por encima de nuestras posibilidades.
Según el Índice de Precios Industriales, los precios llevan varios meses cayendo en nuestro país alrededor del 5% y, sin embargo, el conjunto del coste salarial se encarece gracias a la terquedad negociadora de los sindicados en torno a un 4%. Dicho de otra manera, los empresarios españoles venden cada vez a menor precio una mercancía que les resulta más cara de producir: sus márgenes de beneficios se están derrumbando. Y el estrechamiento de márgenes empresariales no es precisamente la mejor manera para superar las crisis, ya que sólo significa un más empresas en quiebra, más EREs y más parálisis a la hora de contratar a unos carísimos trabajadores para producir una baratísima mercancía.
En esas estábamos cuando el Gobierno, obsesionado con lavar su imagen de saboteador de la economía española, ha tratado de forzar un acuerdo a tres parte con los mal llamados "agentes sociales" –sindicatos y patronal– para así transmitir la consigna de que no existe "otra política económica posible".
La patronal presentó un documento que si bien resulta discutible en muchos de sus puntos, tenía una propuesta sensata. Dado que el Gobierno está empeñado en no abaratar el despido y dado que los sindicatos no aceptan recortes en los salarios pese a que los precios están cayendo, la única forma que queda de reducir el coste de la contratación es rebajando las cotizaciones de las empresas a la Seguridad Social.
Pero parece que esto tampoco es del agrado ni del Gobierno ni de las centrales sindicales. Como si estuvieran anclados en el socialismo decimonónico, da la impresión de que desean que los "empresarios" soporten la totalidad de los quebrantos que ocasiona la crisis. No se dan cuenta de que sin empresas que ganen dinero, cada vez habrá un creciente número de trabajadores en el paro y también menos ingresos fiscales con los que pagar subsidios de desempleo.
Zapatero ha dado un golpe en la mesa y ha decidido finiquitar el diálogo social mediante un decretazo que, a diferencia del de Aznar, sí supondrá una grave perjuicio para la economía y, en última instancia, para los trabajadores españoles. No sólo no aprueba ninguna reforma que permita rebajar el coste de la contratación –favoreciendo que continúe la sangría empresarial y laboral– sino que alarga durante seis meses el subsidio de desempleo para aquellos trabajadores que se hayan quedado sin cobertura en unos momentos en los que el déficit presupuestario ya resulta del todo insostenible. En otras palabras, promueve tanto el aumento del paro como la quiebra del Estado. Difícilmente cabía un resultado más deplorable.
Ya va siendo hora de que los españoles se vayan dando cuenta de que tras la fachada social, progresista y dialogante del presidente del Gobierno sólo se oculta un déspota sonriente que no duda en preferir la bancarrota económica a reconocer que su recetario socialista –aprendido en apenas dos tardes– no sólo no sirve para contrarrestar las crisis sino que es uno de sus principales motivos. No hay derecho a que los prejuicios de un iluminado aceleren la pauperización de millones de familias. Siendo obsceno que Zapatero pueda decidir con qué condiciones debe redactarse un contrato laboral entre dos personas privadas, mucho más lo es que utilice ese poder impropio para perjudicar a toda la sociedad. Este decretazo sí debería pasar a la historia de España como uno de los más antisociales de cuantos hayamos padecido.