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Pedro de Tena

El ejército de reserva

Son los gobiernos socialistas, consejos de administración de burócratas sindicales, los que necesitan un ejército de reserva laboral al que condicionar desde la beneficencia pública y la dependencia más humillante.

Engels, en uno de sus comentarios al primer Tomo de El Capital de Marx, dice lo siguiente:

Pero como, por otra parte, los progresos del maquinismo, los procedimientos cada día más perfeccionados de cultivo de la tierra, etc., hacen que cada vez se necesiten menos obreros para producir la misma cantidad de artículos, y como este proceso de perfeccionamiento, y por tanto de eliminación de obreros inútiles, se desarrolla con mayor rapidez que el proceso de crecimiento del capital, ¿a dónde va a parar este contingente cada vez más numeroso de obreros sobrantes? Pasa a formar un ejército industrial de reserva, integrado por obreros a quienes en las épocas malas y medianas se paga su trabajo por menos de lo que vale y que muchas veces se quedan sin trabajo o a merced de la beneficencia pública, pero que son indispensables para la clase capitalista en las épocas de gran prosperidad, como ocurre actualmente, a todas luces, en Inglaterra, y que en todo caso sirven para vencer la resistencia de los obreros que trabajan normalmente y mantener bajos sus salarios. Finalmente, cuanto más extenso es en la clase obrera el sector de la pobreza y más numeroso el ejército industrial de reserva, tanto mayor también el pauperismo oficial. Tal es la ley general, absoluta, de la acumulación capitalista.

Hoy más bien parece que a quienes interesa mayormente la presencia de un ejército de reserva es a los sindicatos y al Partido Socialista. Unos, porque pueden ejercer su beneficencia estatal sobre ellos. Los otros, porque pueden negociar las condiciones de los EREs y cierres aprovechando los despidos en propio beneficio. Ya sé que estas palabras provocan gran escándalo, pero proceden de la reflexión sobre indicios que podrían llegar a ser pruebas contundentes si se investigara a fondo.

El primer indicio es empírico, una prueba experimental, que casi nunca se aplica metodológicamente en política. En 1996, con el gobierno del Partido Popular, se desarrolló una reforma laboral consistente en reducir el coste del despido (de 40 días por año trabajado a 33) combinada con el impulso de la estabilidad laboral y políticas de competencia y apertura de los mercados. Desde ese momento hasta hace dos años, el empleo creció, disminuyó el paro a la mitad y los contratos indefinidos se extendieron por la geografía nacional. Es una prueba empírica. Es decir, la moderación de los costes del despido facilitan la extensión del empleo. El que eso lo hiciera el gobierno del PP, considerado "consejo de administración de los intereses de toda la burguesía" parece contradecir que el capitalismo busque ejércitos de reserva mal empleados y/o parados.

Más bien, puede argüirse, son los gobiernos socialistas, consejos de administración de burócratas sindicales y funcionarios inspirados por la ingeniería social, los que necesitan un ejército de reserva laboral al que condicionar desde la beneficencia pública y la dependencia más humillante. En España, una de cada cinco personas activas ya está en paro. En Andalucía y Canarias, una de cada cuatro. La quinta parte de la población queda sometida al desamparo y a la misericordia del Estado controlado por estas burocracias.

El caso sindical es otro indicio, probado, de que algo huele a podrido en nuestro país. No nos referimos ahora a las subvenciones milmillonarias otorgadas por el Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos y diputaciones a estas organizaciones que apenas alcanzan un nivel de afiliación del 10 por ciento (Comisiones Obreras en Andalucía supera por muy poco el 8 por ciento). En otra parte, ya demostramos que los Acuerdos de Concertación Social en Andalucía no son otra cosa que una derrama de dinero a espuertas sobre sindicatos y empresarios. Sólo a UGT y CCOO la Junta de Andalucía les dio 265 millones de euros (alrededor de 45.000 millones de pesetas entre 2004 y 2009).Tampoco nos referimos a la donación sistemática de locales y medios de todos los españoles para desarrollar su acción. Ni siquiera al ejercito de "reserva" de liberados pagados por la Administración Pública y las empresas privadas. Tampoco nos referimos al cinismo político de quienes aceptan que en política baste una representación del 5 por ciento para tener acceso a los Parlamentos y plenos varios y que, sin embargo, exigen a otros sindicatos el 10 por ciento para tener asiento en los foros de negociación laboral mediante un sistema no proporcional sino mayoritario(que rechazan en política)

No. Me refiero a ganar dinero con los despidos de los trabajadores. En fecha 8 de noviembre de 2004, la revista Interviú demostró que el banco Citibank pagó un mínimo de 650.000 euros a CCOO, UGT y FIIC. Dichos acuerdos se concretaron en cientos de bajas y en pérdida de derechos adquiridos por los trabajadores, aunque CCOO defendía que fueron muy positivos porque impidieron que Citibank abandonase España. El sindicato admitió que el banco también les regaló ordenadores.

¿Dejó de hacerse esta miserable corruptela? No. Lo dice otro sindicato la CGT el mes de junio de 2009. UGT y CCOO cobran comisión por cada despido en un ERE. Es decir, CCOO y UGT sacan beneficios económicos de los expedientes de regulación de empleo. Es al menos lo que afirma CGT, que califica las prácticas de los sindicatos mayoritarios frente a la crisis como vergonzante. Les acusa de beneficiarse con cada despido masivo que se produce en las empresas por la crisis.

Como consta en el acta final del ERE de una cadena de electrodomésticos, cada sindicato CCOO y UGT, recibió de la empresa 6.500 euros en concepto de honorarios. 136 euros de media, por cada uno de los 35 trabajadores despedidos. "Se ha demostrado en actas como esta, que cada uno de esos sindicatos mayoritarios recibe por parte de la empresa una serie de gratificaciones en forma de honorarios por cada uno de los despidos, en concepto de asesoramiento sindical en estos conflictos. CGT relaciona el alto grado de acuerdo en la negociación de EREs en España, el 90%, con las cantidades que las empresas abonan a los sindicatos". Textual.

¿Serán casos excepcionales? Pues no lo parecen. Parecen un método, un sistema.

¿Quién necesita más el ejército de reserva?

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