Pocas cosas más antisociales puede haber por parte de un Gobierno que permitir que las personas que pierden su trabajo permanezcan en esta situación por un periodo largo de tiempo. No solo es un desperdicio económico que esa gente carezca de ocupación sino que, cuantos más meses transcurren, más díficil les puede resultar la reincorporación al merado laboral. Y a todo ello hay que sumar el drama familiar de la falta de ingresos suficientes para cubrir los gastos de la familia y el deterioro de la autoestima de quien padece semejante situación. Pues si esto resulta antisocial, mucho más lo es cuando el Ejecutivo tiene en su mano el aplicar las medidas necesarias para resolver el problema y se niega a hacerlo por razones tanto ideológicas como electoralistas.
Hoy por hoy, ni sindicatos ni Gobierno quieren oir hablar del abaratamiento del despido, arguyendo que eso significaría un recorte de derechos sociales y que no están dispuestos a dar marcha atrás en esas conquistas. Ahora bien, los parados también tienen derechos sociales que son tanto o más importantes porque del hecho de que puedan trabajar o no dependen muchas cosas, como el bienestar de sus familias y sus perspectivas de futuro. ¿Cómo va a pensar una persona en que sus hijos vayan a la Universidad si no cuenta con un trabajo que le proporcione las rentas suficientes para mantener a la familia? ¿Cómo va a pensar en ahorrar para tener en el futuro una pensión digna cuando llegue el momento de la jubilación si carece de un empleo que le permita financiarla? Por supuesto, la respuesta de nuestro Gobierno y nuestros sindicatos a semejante tipo de cuestiones es que el Estado proveerá y que, por tanto, hay que seguir insistiendo en su rechazo de plano a cualquier atisbo de reforma laboral. Lo que dudo es que esos más de dos millones de personas que llevan más de seis meses buscando un empleo y están perdiendo la esperanza de encontrarlo compartan semejante punto de vista.
Dichas personas tendrían muchas más oportunidades de volver a reincorporarse al mercado laboral si se flexibilizaran las condiciones de contratación y despido, porque entonces las empresas podrían empezar a pensar en incrementar sus efectivos y crear puestos de trabajo, si no ahora, sí en un futuro no muy lejano. Porque si nos ponemos a hablar de derechos sociales, uno de los fundamentales es el tener un empleo. Pero eso no les importa ni a los sindicatos ni a un Gobierno que responde a la petición de la CEOE de reanudar el diálogo social en septiembre sin líneas rojas que el Ejecutivo no va a convocar ninguna nueva ronda de reuniones para, como ha dicho el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, seguir "mareando la perdiz". Aquí el único que marea la perdiz es un Ejecutivo que no quiere hacer lo que tiene que hacer por el bien de esas personas que llevan ya tantos meses en paro, y las que les seguirán, y pretende, además, que la CEOE bendiga semejante actitud.
No nos llamemos a engaño, en una crisis como la que está sufriendo la economía española, o se empieza a aplicar una reforma laboral en condiciones, o no vamos a poder superarla ni mucho menos recuperar todo el terreno que estamos perdiendo no sólo en terminos de nivel de renta con respecto a los países centrales de la Unión Europea, sino también, y sobre todo, en términos de empleo. Esa debería ser la principal preocupación del Gobierno y de los sindicatos, y no permanecer encastillados en posiciones de izquierda radical que no conducen más que al desastre socioeconómico que ya se está gestando.
A Zapatero y sus acólitos les gusta llenarse la boca de términos como política social y derechos sociales, pero ¿dónde están esos derechos para los millones de personas que se van a pasar tantos y tantos lunes al sol? Por lo visto, a este Gobierno tan social que tenemos eso le importa poco y lo único que cuenta para él es que los sindicatos no le convoquen una huelga general. Eso es lo que entiende por social, y no el bienestar de la gente.