No es la primera vez ni será la última. La esencia del nacionalismo catalán es la de toda nación en construcción: "Su" verdad es "la" verdad. O sea, tiene el alma inconfundible de cualquier mentalidad sectaria y totalitaria. Si las leyes les son favorables, son buenas y si le son adversas, las denigran e incumplen. ¿Cuándo se van a dar cuenta los dirigentes del Estado de esa evidencia?
La última cacicada es la diarrea de declaraciones, preparativos y manifestaciones patrióticas contra una posible sentencia adversa del Tribunal Constitucional al Estatuto de Cataluña. El comienzo del aquelarre lo inició el expresidente de la Generalitat, Pascual Maragall, miembro perteneciente a una de las doscientas familias burgueso-catalanistas que han logrado confundir Cataluña con sus intereses personales de clase. Y el remolino de asociaciones catalanistas, nacionalistas e independentistas al uso: "Òmnium Cultural", nacida en 1961 para imponer el catalán como único idioma de Cataluña, "Sobirania i Progrés", un guirigay de voluntades y grupos nacidos en 2006 para fortificar lo más reaccionario del Estatuto, "Deumil.cat", promotora de la marcha en Bruselas para pedir un Estado propio para Cataluña... y un sin fin de grupos, todos subvencionados por el Gobierno del Sr. Montilla, y transversalizados por políticos de ERC, CiU, PSC e ICV.
Y es que en la Cataluña virtual que han logrado imponer, cualquier propuesta que ponga en cuestión España o, como en este caso, al propio Tribunal Constitucional, lo consideran rentable. Tanto es así que han comenzado una competición a ver quién la dice más ofensiva o propone la salida más radical. Joan Tardà, diputado por ERC acaba de proponer que abandonen temporalmente su escaño en el Congreso todos los diputados. ¡Lástima que no renuncien definitivamente a su sueldo! Esto es lo que tiene el histerismo nacionalismo en la política, puro teatro para doblegar a esos mansos que nos gobiernan en España. Y su vicepresidente en el Gobierno de la Generalitat, Carod Rovira, propone que se monte una mani contra el Tribunal Constitucional para presionarle antes de que se pronuncie (digámoslo a secas, para chantajearle): "Si salimos después, ¿de qué serviría?", dijo sin rubor democrático.
Parece mentira que estas sinvergüenzadas les cojan de nuevo a muchos de nuestros políticos nacionales. Hace ya muchos años que las practican con éxito en colaboración con los gobiernos nacionales de turno. En 1994, con ocasión de la sentencia del Tribunal Constitucional 337 a la que le había abocado el Tribunal Supremo por la Ley del Catalán de 1983, Herrero de Miñón, tapado de Miquel Roca y abogado pagadísimo del Gobierno de la Generalitat de Cataluña, hicieron una labor de zapa contra el Tribunal Constitucional que culminó con el chantaje de Jordi Pujol al entonces presidente del Tribunal Constitucional, Tomás y Valiente en su propio despacho, un día antes del fallo. Las portadas obscenas de entonces sirvieron para publicitar aún más si cabe el descaro de Jordi Pujol y las amenazas veladas de insurrección legal si el Tribunal Constitucional no se plegaba a los intereses de la política lingüística del nacionalismo. Y se plegó. Por entonces Felipe González había perdido la mayoría absoluta y dependía de los votos de CiU (entonces minoría catalana). Risa da la separación de poderes.
Cuatro años más tarde, la nueva Ley de Política Lingüística de 1998 no era recurrida por el PP del Sr. Aznar, pero sí por el conjunto de las asociaciones catalanes por la libertad lingüística, bajo las siglas de CCC, con un recurso de amparo ante el Defensor del Pueblo. Nuevamente las mismas presiones. Por entonces era otro pardillo quien sucumbía en los Pactos del Majestic ante el chantaje de Jordi Pujol. Me refiero a Aznar. Accedió a cortar la cabeza a Vidal Quadras en Cataluña y a presionar, él mismo, al Defensor del Pueblo, Álvarez de Miranda, para que no recurriera la Ley de Política Lingüística. Y no se recurrió. Las consecuencias ya las conocemos, hoy se está sancionando a comerciantes por rotular en el idioma oficial del Estado. El último, el Sr. Xurde Rocamundi, de Areins de Mar.
La neutralidad ante los Tribunales no va con ellos y es tan eficaz como estúpidas e ignorantes las declaraciones del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, cuando les hizo la pelota con aquello de que el Estatuto "se aplica desde hace dos años y medio y no pasa nada". No le pasará a él, pero la mayoría de las 32 leyes que desde entonces se han aprobado en el Parlamento de Cataluña tienen algún artículo inconstitucional o son claramente inconstitucionales, como la Ley de Educación de Cataluña que impiden estudiar en español, entre otras muchas sinvergüenzadas, o la Ley del Consejo de Garantías Estatutarias que suplanta al propio Tribunal Constitucional en decisiones que sólo a él compete decidir.
Digámoslo claro, no son los nacionalistas los culpables, han sido y son los diferentes presidentes de España que no han sabido ni posiblemente querido defender los intereses generales de todos los españoles por motivos coyunturales o, simplemente, de poder. Jordi Pujol ha sido un gran hombre de Estado, aunque de un Estado en construcción que nada tiene que ver con España.
"Estamos construyendo un Estado propio", ese será el slogan del próximo 11 de Septiembre de los cachorros amamantados durante años por papá Pujol, hoy emancipados en ERC. Y mientras tanto, el socialista Montilla, engordándolos en su gobierno tripartito. Y después nos multan por pasar los 80 kms por hora en las autopistas de acceso a Barcelona.