Ignoro el porcentaje de obreros afiliados en España a los sindicatos. Pero estos últimos suelen aprovecharse de la anfibología del término trabajador, que no sólo designa al que trabaja o es muy aplicado al trabajo, sino también al jornalero u obrero (3ª acepción del Diccionario de la RAE), para presentarse como portavoces privilegiados, cuando no únicos, de sus intereses y aspiraciones. Hay muchos y claros indicios de que tal pretensión es una falacia: gran parte de la clase obrera no está afiliada a los sindicatos; la que lo está, con frecuencia entra en conflicto con sus dirigentes, particularmente en épocas de recesión como la presente, lo que se manifiesta especialmente en las posiciones sobre Expedientes de Regulación de Empleo y similares; pocas instituciones hay más insensibles a los problemas de los desempleados que los dirigentes sindicales alojados confortablemente en complejas burocracias, etc.
Pero la retórica limita estrictamente con las necesidades de cómodo sustento de las burocracias sindicales. La cuestión es que el ministro de Fomento, José Blanco, no sé si por propia iniciativa o por encomienda de su jefe últimamente se ha lanzado a aventar posibles remedios al galopante endeudamiento del Estado, Comunidades Autónomas y demás feudos más o menos autárquicos del disforme mosaico a que ha abocado el "Estado de las Autonomías" merced al insensato derroche zapateril. Globo sonda se llama en román paladino esta figura, y si pincha el globo siempre podrá su formulador justificarse diciendo aquello de que se trataba solamente de una "reflexión en voz alta", lo que queda la mar de bien.
Pues bien, la última propuesta o "reflexión" de Blanco ha sido la de congelar los salarios de los funcionarios. Debo aclarar que toda mi vida laboral ha discurrido al servicio de la Administración Pública, primero, local, después, institucional, y finalmente y en su mayor parte, como profesor, universitaria. Pero siempre he intentado precaverme contra los excesos del corporativismo (en la acepción que se corresponde con l’esprit de corps francés). Por eso me parece razonable la propuesta del ministro Blanco. Es verdad que, como han aducido algunos portavoces sindicales, los sueldos de muchos empleados públicos son modestos. Pero, en cambio, su seguridad en el empleo está, en casi todos los casos, prácticamente blindada. Y aunque volumen y responsabilidades de trabajo están en la Administración Pública muy mal distribuidos, en la mayor parte de los casos no son más costosos que en los niveles equivalentes del sector privado.
Otra razón que abonaría la pertinencia de este tipo de medidas es el abundante número de funcionarios públicos en España. En una estimación de El Mundo sobrepasan los tres millones cincuenta mil (lo que si se compara con el total de la población activa ofrece un porcentaje escandaloso). ¿Y qué han dicho los sindicatos? Pues la UGT, el más gubernamental de nuestros gubernamentales sindicatos, amenaza, con una violencia verbal hasta ahora sólo utilizada con la patronal, con dar una patada a la mesa si el Gobierno no sube los salarios públicos. Voila!, que diría M. Sarko. Mucho hablar de obreros, pero los sindicatos españoles son sindicatos de funcionarios, dirigidos por burócratas prófugos del tajo: ¿puede haber algo más cómodo y rentable que dirigir un sindicato frente a una "patronal" sierva de las constricciones políticas?