El terrorismo etarra no sobrevive solamente gracias a los medios físicos y humanos con los que cuenta para cometer atentados. Que haya terroristas y que éstos dispongan de material para llevar a cabo sus crímenes es una condición necesaria para que ETA se mantenga operativa, pero no suficiente. Sin un respaldo social que dé un apoyo ideológico a las huestes terroristas y vaya renovando sus ánimos y lavándoles los cerebros, la presión policial habría terminado hace años con la banda.
Por ello, una política integral contra el terrorismo no sólo debe basarse en la detención y desarticulación de comandos, en la destrucción de sus fuentes de financiación, en la lucha contra la ideología nacionalista que les sirve de soporte o en la expulsión de los miembros del grupo terrorista de las instituciones democráticas. La persecución de las distintas manifestaciones de apoyo y exaltación de sus actividades criminales también constituye un frente esencial para expulsar a los etarras de esa calle que durante tiempo manejaron con impunidad.
Las tres décadas que el PNV ocupó el Gobierno vasco supusieron 30 años de sosiego en parte policial pero sobre todo ideológica, financiera y social para los etarras. ETA se reforzó por todos los frentes y sólo las ofensivas dirigidas por los gobiernos centrales, especialmente los de Aznar, consiguieron debilitarla y comenzar a hacerla retroceder.
Sin embargo, la acción descoordinada entre las distintas administraciones –debido al bloqueo deliberado que ejercía el PNV– restaba eficacia a la política antiterrorista y permitía que los etarras encontraran los recovecos en los que refugiarse y desarrollarse. Ha sido sólo el cambio histórico de un Ejecutivo constitucionalista el que ha permitido que algunas cosas comiencen a cambiar y, entre ellas, el fin de esa impunidad con la que la banda realizaba proselitismo por las calles del País Vasco.
Así, la Ertzaintza por fin ha empezado a transformase en una auténtica policía dirigida a combatir a ETA en todas sus formas y manifestaciones, incluida la apología de sus crímenes que mediante sus símbolos venía perpetrando con asiduidad. La retirada de las fotografías de etarras de las calles del País Vasco es una decisión destinada a frustrar su labor propagandística y, por tanto, un acto de regeneración democrática que debe ser bienvenido. Difícilmente prevalecerá una auténtica democracia en el País Vasco y, en general, en España mientras una parte de sus ciudadanos apoye el asesinato como un mecanismo para imponer sus ideas y destruir el orden institucional; y difícilmente esa masa desaparecerá mientras ETA pueda proseguir con sus soflamas adoctrinadoras sin que las fuerzas de seguridad le paren los pies.
Precisamente por ello, el llamamiento de Ares a los ayuntamientos para que frenen la concesión de licencias a grupos sociales que actúan como correa de transmisión de la propaganda de la banda, también merece ser acogido con una mezcla de satisfacción y esperanza; satisfacción por el trabajo bien hecho y esperanza por que, poco a poco, las cosas comiencen a moverse.
Todo lo contrario, por cierto, que ha manifestado Joseba Egibar, dirigente de ese partido que tan poco hizo por combatir el sustrato social del que se nutría ETA. Como resistiéndose al progresivo desmembramiento de ese aparato administrativo que hacía la vista gorda mientras unos azotaban el árbol para ir luego presto a recoger las nueces, el peneuvista lamenta la actuación policial. Una prueba más de que cuando, en materia antiterrorista, al sentido común se le suma la pataleta de PNV es que estamos avanzando en la buena dirección.