Hace más de año y medio el juez Pablo Ruz tachó de "inútiles, dilatorios y perjudiciales" todos los intentos de averiguar qué fue lo que estalló en el 11-M. Daba –o al menos eso creía él– carpetazo a un caso que, en rigor, nunca ha sido abierto. Se cerró en falso durante el macrojuicio del 11-M, en el que Gómez Bermúdez pasó de puntillas sobre él aceptando el hecho de que, aparte de la consabida Goma2-ECO, no se sabía a ciencia cierta cuáles eran los explosivos que habían estallado dentro de los trenes. Pero las víctimas del 11-M no se conforman con eso, con la duda razonable con la que los jueces parecen vivir tan a gusto. Por eso Gabriel Moris y Pilar Crespo, padres de una de las víctimas mortales del 11-M, siguen intentándolo empeñados en que prevalezca la justicia.
A la segunda tampoco ha funcionado. Esta vez otro juez, también de la Audiencia Nacional, el magistrado Eloy Velasco, ha rechazado reabrir la causa para investigar a fondo el tema de los explosivos. Esa obcecación de la Audiencia en no investigar un asunto sobre el que ni siquiera Gómez Bermúdez se pronunció en su sentencia da que pensar del método, ciertamente dilatorio, que el tribunal ha tomado para alejar la posibilidad de hacer nuevas averiguaciones. Qué sentido tiene si no hacer esperar un año y medio primero y seis después para pronunciarse sobre si es o no es digno de consideración emprender nuevas diligencias. Velasco se escuda en que la solicitud es extemporánea y en que ya hay sentencia firme sobre el caso, pero se da la circunstancia de que Moris y Crespo solicitaron la apertura de diligencia antes de que se dictase esa sentencia.
Esto Velasco lo sabe, y Ruz lo sabía también. Hay, por lo tanto, una voluntad manifiesta de no tocar nada en lo referente al 11-M, o al menos nada que sea delicado y que pueda desencadenar un torrente de nuevas investigaciones, acaso incómodas para quien realmente está detrás de los atentados. Porque, aunque Bermúdez no logró localizar ni identificar al cerebro del 11-M, es evidente que alguien lo planificó y la lógica nos dice que ese alguien no está muy interesado en que se investigue más allá de los lindes de la versión oficial. Pero el drama no es éste sino que da la impresión de que nadie –ni los jueces de la Audiencia Nacional, ni los partidos políticos, ni el Parlamento– quiere saber nada sobre nuevas investigaciones; es más, nadie, ni en la política ni en la justicia, quiere saber nada de nada sobre el 11-M, convertido cinco años y medio después en un agrio recuerdo sobre el que se quiere pasar página a toda prisa.
El problema es que la mayor parte de españoles no quieren pasar página muy a pesar del Gobierno, de sus terminales mediáticos y de los que consideran que remover este asunto es de mal gusto. Por eso Velasco, consciente de que no puede denegar una investigación sin aparentar a un tiempo cierta preocupación por el caso, ha abierto un nuevo sumario protagonizado por varios marroquíes lejanamente relacionados con el piso de Leganés. Esta es, evidentemente, la cortina de humo destinada a tapar lo esencial, la cuestión de los explosivos, tan antigua como el primer sumario del 11-M y que, se pongan los jueces como se pongan, merece una investigación a fondo.