Hace escasas semanas una prestigiosa firma de análisis londinense, Variant Perception, publicaba un informe demoledor sobre la economía española, cuyas conclusiones ya fueron avanzadas por Libertad Digital el mayo pasado. Dicho estudio ha tenido eco en los principales medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. No es para menos. Y es que, a diferencia del diagnóstico oficial que trata de vender el Gobierno, España se enfrenta a una peligrosa espiral deflacionista, un colapso inmobiliario histórico, una grave crisis bancaria y un paro superior al 25%.
Dada la situación, estos mismos analistas añaden que los acreedores de España –Francia y Alemania– tendrán que acudir al rescate de una deuda que, hoy por hoy, es incobrable. El país se enfrenta a un gravísimo problema de endeudamiento, no sólo privado sino, ahora más que nunca, también público. Zapatero ha encomendado toda su política económica a la emisión masiva de bonos del Tesoro con la ilusoria esperanza de resucitar la demanda agregada y mantener artificialmente el mayor número de puestos de trabajo posible.
El resultado visible, el único que el Gobierno se esmera en destacar, es el aumento de las matriculaciones de coches (gracias a su Plan 2000E de ayudas públicas) y la ocupación de 400.000 trabajadores en su Plan de Inversión Local para la realización de obras públicas de diversa índole en los ayuntamientos.
Esto es "lo que se ve", pero la clave reside en "lo que no se ve", tal y como advertía el maestro liberal Henry Hazlitt en su obra La economía en una lección, cuya lectura recomiendo encarecidamente.
El sofisma básico de la "nueva" Economía consiste en concentrar la atención sobre los efectos inmediatos de cierto plan en relación con sectores concretos e ignorar o minimizar sus remotas repercusiones sobre toda la comunidad [...] Cuando [los economistas] ignoran o desprecian los efectos remotos, están incidiendo en un error de mayor gravedad. Su preciso y minucioso examen de cada árbol les impide ver el bosque.
El déficit público se ha multiplicado por cinco en el último año, hasta rozar los 50.000 millones de euros el pasado julio. De hecho, tan sólo en el último mes se ha disparado un 28,7%. Economía acaba de confirmar que el Estado está gastando el doble de lo que ingresa vía impuestos: mientras que los pagos ascendieron a 107.639 millones de euros los ingresos apenas sumaron 57.952 millones.
Este ritmo de endeudamiento público es, simplemente, insostenible. El déficit superará la barrera de los 100.000 millones de euros el presente año (el 10% del PIB), y la subida de impuestos que pretende aprobar Zapatero no impedirá que el desequilibrio presupuestario siga aumentando en 2010. La respuesta no reside en incrementar la presión fiscal sino en reducir drásticamente el gasto público.
De lo contrario, el manantial de liquidez que, en la actualidad, ofrece el Tesoro se acabará agotando por completo. Y cuando esto suceda, será entonces cuando el Ejecutivo tendrá que rogar compasión a los acreedores de la zona euro, o bien echar mano del Fondo Monetario Internacional (FMI), el prestamista de última instancia al que recurren los países.
No es algo nuevo. El Estado también quiebra. De hecho, este tipo de bancarrotas son más frecuentes de lo que se piensa, sobre todo, en un contexto de crisis crediticia y bancaria como la actual. España, curiosamente, lidera el ranking de las suspensiones de pagos a lo largo de la historia.
En Gran Bretaña ya se debate abiertamente esta posibilidad desde hace meses, y los últimos datos que arrojan sus cuentas públicas acrecientan el riesgo de tener que acudir a un crédito extraordinario del FMI. Así, Variant Perception señala en su último informe que la recaudación fiscal en Gran Bretaña caerá un 12% interanual en 2009, al tiempo que la deuda pública ascenderá hasta el 64% del PIB. En este sentido, recuerda que el entonces Gobierno laborista tuvo que solicitar ayuda al FMI en 1976. Y ello, con una deuda pública de apenas el 54% del PIB.
Además, el propio Fondo estima que la deuda de los países desarrollados se disparará hasta el 120% del PIB en los próximos cinco años. En este contexto, los más débiles, como es el caso de España, sucumbirán. Los inversores acabarán rechazando los bonos españoles debido a su elevado riesgo en comparación con otras economías más sólidas.
Con una recaudación fiscal que se hunde a un ritmo superior al 25% interanual, un gasto público descontrolado, una subida de impuestos a la vuelta de la esquina, un paro superior al 25% y una crisis bancaria que, tarde o temprano, acabará estallando, España cuenta con todos los ingredientes necesarios para que el FMI acabe instalando una sede permanente en Madrid antes de 2012. Con el tiempo,"lo que no se ve"hoy se acabará viendo mañana.