En este principio de curso político, como se dice, ha habido multitud de declaraciones llamativas. Hay dos muy significativas, dejando aparte la de Rubalcaba sobre España y su problemática relación con los parlamentos regionales o nacionales. Son las de Llamazares, por un lado, y la de Corbacho, por otro. Ninguno de los dos se distingue por sus dotes oratorias ni por haber promovido grandes iniciativas políticas. Por eso mismo, conviene tenerlas en cuenta.
El primero –Llamazares– se ha permitido aclarar, con aire de suficiencia, que a ver quién es "el majo" que se atreve a suprimir a partir de ahora la ayuda de 420 euros que el Gobierno acaba de ampliar por orden de los sindicatos antes llamados de clase. Corbacho, por su parte, metió prisa al Parlamento para que apruebe lo antes posible esa misma ampliación.
En cuanto a Corbacho, queda claro cuál es el papel que un socialista de base, como él, adjudica al Parlamento. Se trata de un organismo administrativo que da el visto bueno, puramente protocolario, como quien sella una instancia, a las medidas que tiene a bien enviarle el Gobierno. El amo ordena y más vale que no haya retrasos. El Parlamento, por su parte, ya le ha dado la razón. En el Parlamento ya apenas se aprueban leyes. Mejor, dirá alguno, aunque habrá que recordar que mientras tanto se gobierna mediante decretos ley, esos que tantos disgustos dan a Juan Luis Cebrián. El caso es que el tono un poco amenazante de Corbacho refleja bien, por un lado, una forma de hacer política que desconoce la autoridad del antiguo poder legislativo y, por otra, el chantaje al que se somete a una oposición a la que se desafía, a ver si se atreve a levantar la voz.
El consenso a la fuerza, derivado último de la estrategia del cordón sanitario y de un concepto populista de la política, encuentra otra forma de expresión en la "majeza" de Llamazares. Siempre se ha dicho que las ampliaciones del Estado realizadas en nombre del bienestar social son casi imposibles de desmantelar. No siempre ha sido así, o por lo menos no del todo, pero Llamazares se adelanta a reivindicar la intangibilidad de una ayuda convertida en prestación social e incorporada así al patrimonio sempiterno de las sufridas clases trabajadoras, que al ritmo que marcan los socialistas pronto pasarán a ser las sufridas clases no trabajadores, como los parlamentarios.
Con independencia de que el antiguo jefe de Izquierda Unida aspire a jugar un papel que ya no le corresponde o a rentabilizar para su organización el dictado de los "sindicatos de clase", está claro que de nuevo la oposición queda reducida a un papel de segunda. No sólo no gobierna, como es natural. Es que se invoca la opinión pública para que ni siquiera ejerza como oposición. Más que a la fuerza, es el consenso a mazazos.