La semana pasada todos los medios se vieron inundados por una oleada de suicidios en el operador histórico de nuestros vecinos del norte, que, por cierto, atiende en este país al nombre de Orange. Dichos nefastos acontecimientos se vinculaban con una posible reestructuración que estaría llevando a cabo el citado operador.
Pasaron los días, y se calmó el asunto. Parece que la oleada no era tal, y que la tasa de suicidios se mantenía en niveles similares a otros ejercicios, aunque de todas formas el Gobierno francés tomó cartas en el asunto, llamando a capítulo a Didier Lombart, presidente de la empresa.
Dios me libre de presumir las razones que pueden llevar a una persona a una decisión tan desesperada, pese a que los sindicatos de la compañía tienen claro que es por los traslados de los empleados que está realizando la misma. Pero, aprovechando que el Sena pasa por Paris, sí quiero realizar un par de reflexiones. Ambas se relacionan con el papel que se podría atribuir al Estado en esta oleada.
En primer lugar, France Télécom, como buen operador histórico, está sujeto a múltiples regulaciones por su gobierno. Y muchas de ellas tienen como consecuencia directa la reducción de sus ingresos. Una de las más recientes, por ejemplo, es la imposición de un nuevo impuesto para financiar a las televisiones públicas. Medida que, por cierto, ha tenido aquí su remedo.
Ocurre que, por mucho que no les guste a políticos y reguladores, cada reducción de ingresos impuesta de esta forma, exige una correlativa reducción en gastos para mantener el rendimiento. Y no porque lo quieran los jefazos del operador, sino porque lo quieren los accionistas e inversores, que no están dispuestos a sacrificar rentabilidad para su dinero. Si los directivos no responden de forma efectiva, la gente preferirá meter sus ahorros en otras empresas y en otros sectores, y entonces estará en riesgo el futuro de la compañía en su totalidad.
Y, en telecomunicaciones, la reducción de gastos se consigue casi siempre mediante "reestructuraciones" de personal. Así pues, cabe la posibilidad de que dicha medida, y los suicidios consecuentes, tengan más relación con estos ajustes forzados por el Estado que con los exigidos por el mercado en competencia.
En segundo lugar, France Télécom, también como buen operador histórico, ha sido durante gran parte de su historia un verdadero ministerio. De hecho, aún en la actualidad, el Gobierno francés tiene el 27% de las acciones, lo que le convierte en el principal accionista de la entidad.
Todo el que ha trabajado en una entidad más o menos pública sabe que las condiciones de su trabajo tienen poco que ver con su rendimiento o capacidad. Al contrario que en las entidades privadas, donde el empresario sufre en sus beneficios por los errores que cometa al respecto, en las entidades públicas invita el contribuyente. Y esto permite un cierto grado de flexibilidad a la hora de elegir gente por sus rendimientos (nótese la ironía, por favor). Por tanto, la gente se encuentra con que su carrera o su posición tras las reestructuraciones no tiene relación con su desempeño en el trabajo, como tendería a ocurrir en una empresa privada, sino con factores políticos sobre los que no tiene control.
A los empleados de France Télécom se les hurta en gran medida la posibilidad de influir en su propio destino. Decisiones arbitrarias del gobierno, sea en la regulación de su actividad o en el plano organizativo, están condicionando sus vidas. ¿Hay algo más desesperante que creer que no puedes hacer nada para influir sobre tu propio destino?