El servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés fue puesto en el punto de mira informativo por una denuncia anónima en la que se acusaba al jefe del mismo, el doctor Luis Montes, de sedar en exceso a centenares de pacientes para matarlos y así ahorrar recursos. Se originó un gran escándalo, entre otras cosas, merced a la denuncia de Rafael Simancas de que se trataba de un caso de "eutanasia activa". La Comunidad de Madrid procedió a investigarlo y a apartar temporalmente a Montes de su cargo. Y entonces se desató la campaña que procuró presentarlo como una víctima y no como un posible verdugo digno de ser, cuando menos, investigado.
Los hechos, sin embargo, parecen claros. Sus colegas médicos dictaminaron que había cometido mala praxis en los reducidos casos que estudiaron y que las drogas que administraba a sus pacientes podían matarlos. Durante el tiempo en que fue jefe de Urgencias se incrementó la mortalidad del servicio mientras se reducían los ingresos en planta pese al aumento de pacientes atendidos por el hospital.
Según afirma la colaboradora de Libertad Digital Cristina Losada, la periodista que más y mejor ha investigado el caso en España, la razón para las actividades de Montes y su equipo –apropiadamente apodado "Sendero Luminoso"– fue ideológica. Su apoyo a la sanidad pública como servicio a la sociedad desplazaba el acento del individuo al colectivo. El ahorro que suponía que los pacientes más ancianos y que más recursos hospitalarios consumirían con menor beneficio para la sociedad, pues morirían en cualquier caso en poco tiempo, permitía emplear las camas para otras personas que aportarían más al colectivo. El paciente se subordinaba así a un interés superior.
Pero sea o no esa la causa, lo cierto es que no se pudo proceder penalmente contra él porque el tiempo había pasado y no se podían hacer autopsias a aquellos desdichados que pasaron por sus manos. Pero aquel archivo del caso no es igual a una declaración de inocencia. Fue un reconocimiento de impotencia ante la imposibilidad de establecer científicamente si aquellos pacientes murieron por culpa de Montes, como indicaban los indicios y los informes de los médicos que examinaron el caso por orden de las autoridades.
Desde entonces, el doctor Montes se ha convertido en un símbolo de los extremos a los que está dispuesta a llegar la izquierda con tal de oponerse a la moral tradicional, aquella que tiene entre sus mandamientos aquello de "no matarás". También de su capacidad propagandística: durante estos años han logrado vender a su electorado simultáneamente que el ex jefe de Urgencias del Severo Ochoa no era culpable de haber matado a nadie con sus sedaciones y de que era un símbolo de la "muerte digna". Y nadie ha parpadeado ante esta clara contradicción. Montes llegó incluso a ser utilizado por Zapatero en la última campaña electoral.
Pero aquello no era suficiente. Hacía falta que pagaran cara su osadía aquellos que buscaron la verdad y denunciaron al doctor Montes como lo que los indicios e informes periciales decían que era. Montes les exigía tres millones de euros de indemnización. Pero la juez ha considerado que todo lo que dijeron Federico Jiménez Losantos, César Vidal y otros periodistas vinculados entonces a la Cadena COPE no es delito, sino un ejercicio de libertad de expresión. Sin duda, se trata de una victoria para el periodismo independiente. Aquel que no participó en una campaña brutal cuyo único objeto era desgastar a Esperanza Aguirre y que jamás se preocupó por los hechos del Severo Ochoa, ni por la suerte de los pacientes que allí murieron.