SITEL y Gürtel son dos caras de la misma moneda. Los socialistas llegaron al Gobierno en 2004 para quedarse. Un sistema como SITEL puede tener justificación en un país asolado por el terrorismo o el crimen organizado, siempre y cuando se lleven a cabo, con luz y taquígrafos, las reformas legales, incluso constitucionales, que permitan su implantación para un tiempo determinado. La legalidad del sistema podría basarse en que el primer acceso al ordenador cuando éste disparara una alarma estuviera reservado a un juez y la Policía sólo accediera a él tras comprobar el magistrado la seriedad de la amenaza detectada por la computadora.
Sin embargo, este debate jurídico-informático tendría sentido si SITEL no fuera más que un medio ilegal puesto en marcha por el Gobierno socialista para combatir el crimen. Hoy sabemos que se han intervenido conversaciones entre presos preventivos de la trama Gürtel y sus abogados. Sabemos que se han pinchado multitud de teléfonos y que las conversaciones grabadas se han filtrado a los periódicos con el fin de perjudicar el buen nombre, no de los sospechosos investigados, sino de las personas que hablaron con ellos. Nadie se extrañe si un día se descubre que se han estado grabando conversaciones privadas tenidas en despachos y oficinas empleando para ello los más sofisticados medios tecnológicos. En todos estos casos, la ausencia de autorización judicial o la existencia de una insuficiente, como es el caso de la intervención de las conversaciones de Correa y Crespo con sus letrados, es del todo irrelevante. Lo es porque el fin perseguido no es obtener la condena de los delincuentes, sino deslegitimar al Partido Popular como alternativa de gobierno al del PSOE.
Los socialistas se han visto involucrados en escándalos de mucha mayor monta que estos de la Gürtel y a ningún policía se le ha ocurrido nunca intervenir ilegalmente conversación alguna. El caso de la subvención de diez millones de euros por parte de Chaves a la empresa en la que acababa de ser contratada su hija viene enseguida a la memoria. Pero este caso, con ser de mayor volumen económico que los del PP, no deja de constituir la típica chorizada de nuestros políticos. Me pregunto qué hubiera pasado si la Policía, empleando SITEL o cualquier otro medio de tecnología punta de los que se han utilizado con la cutre trama de trajes y relojes de Correa y El Bigotes, se hubiera aplicado a saber qué estaban negociando los enviados de Zapatero con la ETA. El escándalo hubiera sido mayúsculo si un pequeño porcentaje de nuestras sospechas se hubiera confirmado. Porque allí no se negociaron relojes de nuevo rico a cambio de organizar eventos, que mira que es cursi la palabra. La moneda que aquellos tipos ofrecieron fue nada menos que la soberanía del pueblo español. Y que no se diga que nadie podía sospechar lo que estaban haciendo porque los indicios eran vehementísimos, como diría un abogado de vieja escuela.
Tristemente, ya nada sorprende a este abúlico pueblo español, resignado a ser gobernado con mañas de rufián. Hoy, la cuestión sólo es si, cuando se carguen a Rajoy, que ya ha dilapidado el capital acumulado con la victoria de las europeas hace cuatro meses, vendrá un gallardón a dirigir a la derecha hasta el puesto de comparsa que el PSOE le ha reservado o se alzará una Aguirre a enfrentarse a este régimen policial hacia el que nos vamos deslizando.