Avisar a un terrorista de que va a ser apresado por la policía para que escape es un grave delito. Lo es mucho más si el que lo comete es un miembro de las fuerzas del orden. La interpretación corriente del hecho atribuye el chivatazo a la necesidad de proteger el proceso de paz. El Gobierno no podía ordenar que se abortase la operación. Eran muchos los mandos que habían intervenido en ella y alguno no entendería que el Gobierno amparara a los etarras. En cambio sí podía pedir a un policía de su cuerda que, para que la negociación con ETA no se viera obstaculizada, avisara a los terroristas.
Al Gobierno, al principio, no le importó que esta explicación fuera comúnmente aceptada. Zapatero siempre creyó que la opinión pública sabría perdonar su fracaso ya que todo lo hizo con buena intención. Ocurre, sin embargo, que en política, como en casi todo, mandan los resultados, tal y como recordaba Rajoy hace unos días. Y ocurre que ya nadie acepta que esa supuesta buena intención exculpe del fracaso que fue el proceso de paz y del retroceso con que lastró la lucha contra ETA. Por eso, sin haberle interesado el asunto durante tres años, quiere hoy el PP personarse en la causa, porque huele que el asunto ahora escandaliza a la mayoría y desea ponerse al frente de la manifestación. Nunca es tarde si la dicha es buena.
A la vista de que la supuesta buena intención del proceso de paz ya no basta para justificar el escándalo del chivatazo, el Gobierno está propalando entre los periodistas que creen estar en la pomada un secreto sólo para sus oídos. Les están contando la milonga de que no hubo más remedio que dar el chivatazo del Faisán para proteger a un topo que tenían en el aparato de extorsión de ETA y que la detención hubiera dejado inoperante. La mejor manera de que una intoxicación sea eficaz es disfrazarla de gran secreto que el intoxicado no puede divulgar y, por lo tanto, tampoco contrastar, pero que influye inevitablemente en todo lo que diga o escriba. Los más crédulos han dado por buena la explicación y se han dispuesto a tratar el asunto con sordina.
El caso es que, siendo perfectamente posible que la policía o el CNI tuvieran un topo en el entramado económico de ETA, es absurdo que, para protegerlo, hubiera que abortar la detención de los responsables de ese entramado. Si el topo era Joseba Elosúa, el etarra que recibió el aviso del policía, ¿cómo creían que podría explicar a sus compañeros la caridad que acababan de hacerle? Y en todo caso, cualquiera que fuera, la detención de los responsables de la trama en la que estaba infiltrado ponía fin a su misión. Lo correcto hubiera sido darla por acabada, detenerle junto con los otros para hacer el paripé, dotarle de una nueva identidad con la que protegerlo y hacerlo desaparecer.
El Gobierno en esto hará lo de siempre. Primero, intentará cargarle el muerto a algún funcionario. Y, si el asunto le salpica, saldrá con la excusa del topo, que es cosa que no hay forma de comprobar. Lo mejor será ver cómo los periodistas que gozan del privilegio de estar cerca del poder asentirán con gesto serio y severo como diciendo: "Es verdad, yo ya lo sabía".