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Adolfo D. Lozano

Negocios políticos de las farmacéuticas

El problema es la corrupción institucional reinante en organizaciones públicas como la FDA. Nunca debemos olvidar que toda organización pública por su propia naturaleza no está exenta de fuertes intereses políticos.

Si alguien conoce bien el alcance de las falsas promesas hechas por la industria farmacéutica, ésa es la doctora Marcia Angell, antigua editoria jefe del New England Journal of Medicine, una de las revistas médicas más respetadas del mundo. De acuerdo a la doctora Angell, la industria farmacéutica se

Ha distanciado mucho de su propósito original de descubrir y producir nuevos medicamentos útiles. Ahora es esencialmente una máquina de marketing para vender medicamentos de dudoso beneficio, y esta industria además usa su poder para cooptar cualquier institución que pueda llegar a interferirse en su camino, incluyendo el Congreso de EEUU, la Food and Drug Administration (FDA), las facultades médicas y la profesión médica en sí misma.

Es crucial conocer el caso de Estados Unidos, puesto que no podemos obviar que es la mayor potencia mundial en investigación, desarrollo y producción de fármacos. Además, según datos de la OMS, los ciudadanos estadounidenses consumen nada menos que el 40% de todos los medicamentos vendidos en el planeta. Existe importante evidencia que demuestra que las compañías farmacéuticas ejercen un control significativo sobre el proceso de aprobación de medicamentos de la FDA. Más de la mitad de los expertos consultores de la FDA sobre la seguridad y eficacia de los medicamentos tienen vínculos financieros con las compañías farmacéuticas, las cuales salen beneficiadas o perjudicadas de sus opiniones. A pesar de que existen leyes que prohíben conflictos de interés en este ámbito, parece ser que la FDA se ha saltado esta normativa hasta 800 veces en el período que va de enero de 1998 a junio de 2000. En un análisis de todas las reuniones con expertos consejeros desde 2001 hasta 2004, al menos en el 73% de los encuentros había una persona con relaciones financieras con el fabricante del medicamento discutido o con un competidor del mismo.

El enorme daño que puede llegar a tener esto sobre la salud pública se puso claramente de manifiesto en 2005 cuando la FDA estableció una reunión para discutir acerca de la toxicidad de los antiinflamatorios inhibidores de la enzima COX-2, esto es, Vioxx, Celebrex y Bextra. Si los diez miembros con conflitos de intereses y derecho a voto hubieran sido vetados de aquella votación, estos medicamentos nunca habrían sido permitidos. Sin embargo estos tres medicamentos fueron aprobados. Resulta vergonzoso cuando ya meses atrás había evidencias de que Vioxx aumentaba los ataques cardíacos y en el mismo año 2005 un jurado de Texas declaró culpable a su fabricante, Merck, de la muerte de Robert Ernst a los 59 años por ataque cardíaco provocado por dicho medicamento. ¿Cómo pudo la FDA revisar favorablemente un medicamento en 2005 como Vioxx cuando en 2006 finalmente Merck decidió retirarlo del mercado ante el miedo de perder toda su credibilidad? El problema, como sabemos, es la corrupción institucional reinante en organizaciones públicas como la FDA. Nunca debemos olvidar que toda organización pública por su propia naturaleza no está exenta de fuertes intereses políticos, habitualmente mezclados con otros económicos.

Se calcula que el 20% de todos los medicamentos aprobados en los últimos 25 años han acabado teniendo serios efectos secundarios, llevando bien a etiquetados modificados con el tiempo sobre riesgos o incluso la retirada del mercado de dichos fármacos. Una cuestión hace décadas advertida por el Comité Antitrust del Senado norteamericano e insuficientemente divulgada entre los consumidores son los enormes monopolios que ejercen de facto las compañías farmacéuticas sobre su mercado. Nada más lejos de la realidad, el ciudadano medio suele criticar el estado de la sanidad en este caso norteamericana por una supuesta libertad y capitalismo imperantes. Como digo, esto no puede estar más alejado de los hechos. No olvidemos que los monopolios generados por la ley política contravienen la más pura esencia del libre mercado. Volviendo a aquel comité senatorial de EEUU, éste denunciaba en 1959 que las patentes farmacéuticas hacían posibles precios predatorios, que dichos precios extravagantes cada vez iban más a apoyar estrategias de marketing y, en relación con esto mismo, que era un problema que al final los nuevos medicamentos en muchos casos no eran más efectivos que otros más asequibles ya existentes. En el último medio siglo, desde que aquel comité de la era Eisenhower se pronunciara de ese modo, las cosas pueden decirse que han cambiado. Esencialmente a peor. 

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