Probablemente casi todos teníamos la percepción de que la corrupción política en España ha progresado desde los primeros tiempos de la transición, con sólo un reflujo con los gobiernos de Aznar, alcanzando actualmente proporciones gigantescas. Por lo general, los miembros de nuestra clase política (cada vez menos "nuestra" y más "suya") nos tranquilizaban diciendo que se trataba de casos aislados y poniéndose muy dramáticos en sus manifestaciones de condena. Pero tanto va el cántaro a la fuente... que ya no caben disimulos. El diario El Mundo, a partir de las Memorias de la Fiscalía Anticorrupción y de los procedimientos abiertos en diferentes Tribunales Superiores de Justicia, calcula para los diez últimos años el importe del peculado en un mínimo de 4.158 millones de euros. Por su parte, la ONG Transparencia Internacional nos ha bajado en su ranking de corrupción del puesto 23 al 28 (Lo que nos sitúa ante una alternativa: cómo estarán los demás o qué torpes son los de la Trasparencia esa).
Respecto a la opinión de los españoles ante el fenómeno, según un estudio de Sigma Dos para el mismo periódico, el índice de corrupción durante los Gobiernos de Suárez (UCD) fue del 1,6; durante los Gobiernos de Aznar (PP), del 14,5; durante los Gobiernos de González (PSOE), del 23,9; y, finalmente, durante los Gobiernos de Zapatero (PSOE), 27,3. En la medida en que este estudio sea fiable, el observador puede constatar una correlación aproximada entre incremento de la corrupción y acrecimiento de las competencias autonómicas. Ciertamente, una correlación no indica necesariamente una relación de causalidad entre ambos fenómenos, pero da qué pensar...
El Mundo nos transmite la opinión de diversos expertos sobre las medidas a adoptar para combatir la corrupción. Casi todas son razonables; casi todas requerirían de su asunción por los partidos, que se han apoderado no ya del poder ejecutivo, sino también del legislativo, y al menos parcialmente del judicial, lo que no induce mucho optimismo. Resulta razonable devolver al Estado las competencias sobre urbanismo; eliminar la discrecionalidad de la elaboración y modificación de los planes de urbanismo; terminar con la dependencia de la financiación de los partidos del poder financiero; aumentar la gravedad de las penas para estos delitos y alargar los plazos de prescripción de los mismos.
En cambio, me parece una broma la propuesta que el periódico atribuye al colega Manuel Villoria: exigir declaraciones de ingresos a los cargos. Todavía está reciente la publicación de las declaraciones patrimoniales de los miembros del Gobierno. Yo un funcionario jubilado sería más rico que alguno de ellos. Como además de más rico que ellos, soy más generoso les propongo intercambiar bienes e ingresos. Estas declaraciones sólo tienen utilidad si se persiguiese y penase gravemente el perjurio. Pero si así fuese difícilmente la corrupción política sería tan grande.