Una de las conclusiones más asombrosas que surgen al leer las declaraciones realizadas ante el juez Solaz que instruye con gran parsimonia la causa contra los Sres. Millet y Montull, los dos cerebros de la trama que ha desvalijado las arcas del Consorcio del Palau de la Música Catalana, de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y de la Associació Orfeó Català-Palau de la Música durante al menos una década, es que para embolsarse unos cuantos millones de euros aportados por los contribuyentes, empresas privadas y amantes de la música, no se requiere ser un sagaz tiburón financiero salido de una prestigiosa escuela de negocios, ni siquiera un avispado pícaro: basta con ser un bobo balbuceante (el Sr. Millet) que rubricaba sin rechistar todas las órdenes de pago que le presentaba a la firma su subordinado, un bobo amnésico (el Sr. Montull), que "llevaba los números" y también firmaba los talones porque el bobo balbuceante "era el que mandaba". Y así, casi sin darse cuenta, firma firmando cheques cuyo propósito y destino ambos ignoraban, los dos angelitos bobos acabaron con un montón de millones en sus cuentas. ¡Para que algunos digan que en la Cataluña autonómica no hay milagros económicos!
Claro que para que el bobo balbuceante (el Sr. Millet) ocupara los puestos de vicepresidente del Consorcio y presidente de su Comité Ejecutivo (1990-2009), así como presidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música (1990-2009) y presidente de la Associació Orfeó Català (1978-2009), amén de otros muchos desempeños en un sin fin de empresas (presidente de Agrupació Mutua del Comerç i la Industria, etc.), entidades financieras (presidente de Bankpyme), organizaciones empresariales (Circle d’Economía), culturales (vicepresidente de la Societat del Gran Teatre del Liceu, y patrón de un sin fin de fundaciones) y deportivas (vicepresidente tercero del F. C. Barcelona), y el bobo amnésico (el Sr. Montull) fuera director Administrativo y Financiero de la Fundació Orfeó Català, y ambos, muy solidariamente, gestionaran un presupuesto anual millonario y desviaran 31,2 millones (estimación provisional) en 10 años, hacen falta muchas complicidades.
En primer lugar, la complicidad de los Gobiernos español y catalán y del Ayuntamiento de Barcelona, las tres instituciones que forman parte del Consorcio y han permanecido ciegas, sordas y mudas ante un expolio que a día de hoy se cifra en 2,7 millones de euros. Causa estupor saber que la Agencia Tributaria renunció a investigar una denuncia en 2002 que detallaba el saqueo a que estaba siendo sometida la institución, aduciendo el carácter anónimo de la denuncia y "la escasa trascendencia fiscal" de los hechos. Buen ojo, sí señor. En esa época, el Gobierno del Sr. Aznar aportó 13 millones de euros, en adición a los 12 millones ya comprometidos, para financiar la remodelación y ampliación del Palau. Por su parte, el Gobierno catalán, presidido por el Sr. Pujol, fue informado por los servicios de la Intervención General de la Consejería de Economía y Finanzas del desvío de fondos del Consorcio en 2001 y 2002 y de alteración arbitraria de los presupuestos. Por fin, la Fiscalía presentó una querella a finales de junio pero el juez Solaz no autorizó el registro de las oficinas del Palau hasta el 23 de julio de 2009 y se negó a intervenir las oficinas de la Fundació y de la Associació. A pesar de la evidencia abrumadora de malversación de caudales públicos y de los recursos interpuestos por la Fiscalía en este sentido, todavía hoy el Sr. Millet anda suelto por ahí cuidando de sus negocios.
Hay en la página oficial del Palau unas frases cuyos ecos resuenan en las paredes del palacio modernista con cruel sarcasmo:
Ejemplar ilustración, desde luego, sobre cómo en esta Cataluña nacionalizada el dinero de los contribuyentes acaba en manos de familias, fundaciones, asociaciones, medios de comunicación y empresas de acrisolada raigambre catalana.Constituido el día 8 de abril de 1983, el Consorcio del Palau de la Música Catalana ilustra un caso ejemplar de colaboración entre las administraciones públicas y la esfera privada (...) A lo largo de sus veinticinco años de existencia, el Consorcio ha acreditado la bondad y eficacia de su gestión, en beneficio de los intereses del Palau de la Música Catalana.