En mi artículo Dos bobos muy listos, expliqué como en la Cataluña autonómica no hace falta ser un tiburón financiero ni un pícaro avispado para hacerse millonario: hasta un bobo balbuceante (Sr. Millet) y un bobo amnésico (Sr. Montull) pueden lograrlo arqueando las cuentas del Consorci del Palau de la Música Catalana, la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música y de la Associació Orfeó Català. Claro que para presidir esas instituciones y dirigir sus finanzas, los dos imputados tuvieron que contar, en primer lugar, con la complicidad de los Gobiernos español y catalán y del Ayuntamiento de Barcelona, las tres instituciones integradas en el Consorcio y que no cumplieron con su obligación de controlar a los órganos ejecutivos para evitar el expolio del Palau. En esta segunda parte, examino las complicidades autonómicas que, por omisión, han consentido el saqueo a pesar de contar con información de primera mano.
En efecto, los Sres. Millet y Montull tuvieron también que contar con la complicidad de todos los responsables de las Consejerías de Cultura y Economía y Finanzas de la Generalitat que ignoraron las relevantes irregularidades que presentaban las cuentas del Consorci y de la Fundació y las salvedades y anomalías recogidas en las auditorías y los informes de la Sindicatura de Cuentas. Hay un pasaje en las declaraciones del Sr. Montull al juez Solaz (El País, 30 de octubre 2009) que describen en toda su crudeza las prácticas mafiosas empleadas en la gestión del Palau durante una década:
Las comisiones a las orquestas se pagaban en metálico a agentes o representantes (...) Entonces había personas que decían "si llevamos cierta empresa, queremos una comisión". Esta gente no presentaba recibo ni factura (...) No puedo aportar ningún nombre porque esta gente y no querían después saber nada del tema y entonces nosotros lo respetábamos. A veces había porcentajes y a veces había cantidades fijas, depende de la empresa que era y si lo habían hecho otras veces o no. Pactábamos porque todos los convenios tenían unas contraprestaciones.
¿Cómo podía un amnésico incapaz de aportar ni un nombre al juez ejercer de director financiero de una fundación tan importante, y realizar pagos millonarios en metálico sin factura ni recibo? ¿En qué cabeza cabe que los administradores de una institución cuasi pública se prestaran a tener como interlocutores a "esta gente" que después no quería "saber nada del tema"? Y, ¿por qué respetaban sus términos? ¿Qué porcentajes y cantidades fijas había y cuáles eran las "contraprestaciones"?
Resulta sencillamente increíble que la Generalitat no detectara prácticas tan burdas y contrarias a cualquier normativa contable durante un período de tiempo tan prolongado. Sobre todo, porque la Sindicatura de Cuentas ya advirtió en 2002 a las consejerías de Cultura y Economía y al Ayuntamiento de Barcelona del incumplimiento de "la separación de funciones prevista en los estatutos", de la complejidad del "proceso contable" y de las irregularidades en la gestión inmobiliaria y en el inmovilizado material donde figuraba un saldo en Construcciones de 2.325,5 millones de pesetas que "no [se] ha podido verificar". El Sr. Vilajoana, responsable de la Consellería de Cultura en ese momento, ha comentado que las advertencias fueron ignoradas porque "la Fundación del Palau tenía resultados positivos". Al Capone también.
Resulta del todo inverosímil creer que la actitud complaciente de todos los principales responsables del Gobierno catalán hacia los saqueadores del Palau se puede achacar a un "gran despiste", los términos empleados por el Sr. Pujol, presidente de la Generalitat hasta el 16 de diciembre de 2003. Será o no una coincidencia, pero lo cierto es que resulta muy sospechoso que mientras los dirigentes de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) sufrían "un gran despiste", la Fundación Trías Fargas recibiera fondos de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música. En total, la fundación de CDC ha recibido 630.554,82 euros desde 1999 que llegaron a través de unos ‘convenios’ que nunca fueron presentados para su aprobación ni ratificados por la Junta de la Fundació. Por cierto, que el Sr. Pujol ha reconocido tener en su poder esos convenios, aunque advirtió que "no [los] va a enseñar". Sospechosa resulta también la subvención de 72.000 euros (150.000 euros según un recibo firmado) otorgada al Sr. Colom, hoy secretario de inmigración de la ejecutiva de CDC, para constituir una Fundación que nunca llegó a constituirse y que destinó a saldar las deudas de su fallido Partido Independentista.
Acorralados ante la evidencia de desvíos irregulares de dinero desde la Fundació del Orfeó a la Fundación Trías, el Sr. Mas ha desempolvado el caso Banca Catalana –ya se sabe: cuando se acusa a los líderes de CDC de cometer delitos se ataca a Cataluña–, y el Sr. Pujol ha salido del armario de los disfraces para amenazar a todos con poner en marcha el ventilador del hedor y contarnos cuánto han cobrado estos y aquellos. ¡Qué triste espectáculo el de un país donde el ex-presidente del Gobierno puede proferir semejantes amenazas en un plató de televisión sin que el fiscal lo cite al día siguiente para que explique todo lo que sabe sobre el asunto! Tampoco en esta ocasión el Sr. Millet tendrá la misma suerte que el Sr. Pujol que ya eludió la cárcel en el caso Banca Catalana, mientras él ingresaba en 1983 en la Modelo acusado de un presunto delito de estafa en el caso Renta Catalana.
La única conclusión posible a la que cabe llegar tras leer las declaraciones espeluznantes de dos bobos muy listos ante el juez Solaz es que la administración del Consorcio del Palau y de la Associació Orfeó Català-Palau de la Música ha estado en manos de dos gángsters que se han apropiado del dinero de los contribuyentes, empresas y melómanos durante décadas y han contado con la necesaria colaboración, por acción y omisión, de auditores, inspectores y altas instancias del Gobierno catalán que los deberían haber denunciado y puesto entre rejas hace muchos años. A toro muy pasado, el Sr. Castells, actual consejero de Economía y Hacienda, ha anunciado que se está elaborando un "informe extraordinario de auditoría" para esclarecer la situación. Llega un poco tarde, tras haber ignorado los responsables de los gobiernos del Sr. Maragall y Montilla las denuncias anónimas, las relevantes irregularidades detectadas por la Intervención General y otras recogidas en las auditorías e informes de la Sindicatura de Cuentas. Pero que nadie se alarme: aquí no habrá dimisiones, ni en el Govern ni en la oposició, para que siga reinando la calma chicha en las contaminadas aguas del Oasis Català. ¡Elecciones a la vista! Una capa de pintura y vuelta a empezar.