La historia de la civilización puede estudiarse como la de un lento camino en pos del reconocimiento de una serie de derechos inalienables, que podrían resumirse en tres: vida, libertad y propiedad. Cuando éstos no se respetan, nos deslizamos por la resbaladiza pendiente que conduce a la barbarie. La ley, el Derecho, los jueces y los tribunales nacieron para garantizar esos derechos castigando a quienes atentan contra ellos.
Desgraciadamente, vivimos en una época en la que se considera como "derecho" tener conexión a internet en casa con un ancho de banda de un mega. En esta hiperinflación de falsos derechos que sólo se diferencian de la lista de los Reyes Magos por el hecho de que todos los contribuyentes somos obligados a costearlos, nuestras leyes y quienes deben trabajar por y para ellas han reducido la protección que la vida, la libertad y la propiedad necesitan para poder seguir considerándonos civilizados.
En pocos casos ha quedado más clara esa confusión que en el de la vivienda y la okupación, especialmente en Cataluña. Jueces y fiscales se han saltado a la torera la ley, justificando y legalizando de facto esta actividad. Se ha pasado rutinariamente por alto la clara violación de los derechos inalienables de los propietarios, debido a la consideración de que éstos no estaban dando un buen uso a sus inmuebles, mientras que los okupas, en cambio, tenían una "función social". Pero si una vida no tiene por qué ser provechosa para los demás para ser respetada, tampoco la propiedad debe violarse sólo porque no nos guste lo que se hace con ella.
Los políticos, especialmente de izquierdas, se han apuntado con entusiasmo a este uso alternativo del Derecho, dándole un soporte moral y legal. Han aprobado normativas que penalizan dejar vacío un inmueble y hecho declaraciones como las de la entonces ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, en las que consideraba la okupación como "otro estilo de vida", o las de la concejal de Barcelona Inma Mayol, que consideró que no eran delincuentes y "tenían parte de razón". Antisistemas cobrando del sistema.
Semejante promoción legal y política de la violación de la propiedad privada tuvo como inevitable consecuencia que se pasara de la okupación a la ocupación pura y dura, sin ideología progresista que la ampare ni más "función social" que la del robo. La desprotección de la propiedad privada impide a los dueños lograr un desahucio rápido que les permita recuperar su vivienda. Ante la inseguridad jurídica y el clima de permisividad hacia este delito, el presidente de la Asociación de Propietarios de Cataluña llegó a recomendar a quienes tuvieran ese problema que los expulsaran por su cuenta, sin acudir a la Policía.
Una familia catalana ha tenido que sufrir en sus carnes las consecuencias de no seguir ese consejo. Encontraron su casa ocupada al volver de vacaciones, hace dieciséis meses, y aún no han conseguido recuperarla. Su abogada asegura, con resignación, que al menos hasta febrero no podrán expulsar a los ocupas, que previsiblemente no se enfrenten a la cárcel por un allanamiento tan prolongado.
Cuando respetar la ley supone un castigo, y violarla una recompensa, no cabe duda de que estamos recorriendo esa pendiente resbaladiza que nos lleva a la barbarie. Sólo volviendo a considerar la propiedad como lo que es, un derecho inalienable, podremos detener esa caída.