Seguramente recordarán todos ustedes esta rimbombante frase –de eso hace ya unos cuantos años– repetida una y mil veces como programa electoral en la campaña para las elecciones de 2004, de la que resultaría inesperadamente elegido el Partido Socialista y su líder el señor Rodríguez Zapatero. El programa incluía la promesa de llevar a España "al corazón de Europa". Una frase sin ningún rigor ni justificación alguna, porque del examen más simple se deducía en aquel momento que en Europa estábamos, y no sólo de cuerpo presente, sino como un país relevante y significativo, al que se tomaba en consideración para las decisiones más importantes. En otras palabras, estábamos en el corazón de Europa, si es que quiere utilizarse ese fisiológico símil, si bien no deja de parecerme cursi.
No sólo estábamos en el centro de la Unión Europea, sino que éramos admirados por lo que el país había conseguido en un tiempo realmente corto: nada menos que poner orden en la economía nacional, desde el desbarajuste de los desequilibrios más acusados. Los gobiernos del presidente González Márquez habían dejado a España, como bien prometió en su inicio el oráculo Alfonso Guerra, en una situación tal, que "ni siquiera era capaz de conocerla la madre que la...". Fue el sentido de Estado y de interés nacional, el que llevaría al Gobierno del Sr. Aznar a no ceder a tentaciones populistas y a establecer disciplina y control en la función de gobernar, con exigencias en el rigor de la administración de los recursos públicos, que ni los más optimistas podían prever en el inicio, los resultados que serían capaces de producir apenas pasados unos años.
Esa era la España del comienzo de los 2000; un miembro más, entre los que conformaban el grupo elitista de la Unión Europea. La consideración no es vana, en lo que estoy diciendo. No se trata de una visión alegórica o de un misticismo trasnochado, porque, quiérase o no, esa admiración de los países europeos a nuestra nación se traducía en un orgullo de los españoles, precisamente por eso, por sentirse españoles. Además, el hecho de poner orden en un escenario de total despropósito que se había recibido como herencia felipista, permitió al pueblo contemplar el futuro con un rasgo de optimismo: si se habían conseguido tantos logros, hacía concebir la idea de que la cosa tenía arreglo. Además, a decir de algunos, ya éramos europeos.
Hoy, es fácil comprobar que, si existe corazón de Europa, nos estamos moviendo en dirección contraria al camino que nos podría mantener en él –pues en él estábamos–, o al que nos acercaría al mismo caso de haberse producido un alejamiento. Hoy, sin temor a errar, y como un juicio general omnicomprensivo de la situación, me atrevería a decir que España, nuestra España, carece de homologación con lo que se lleva en Europa. La primera legislatura del señor Rodríguez Zapatero se fueron construyendo barreras que impedirían la equiparación a Europa, cuando el segundo período, ya iniciado, está construyéndose en base a un mayor alejamiento que impida vislumbrar el punto de referencia europeo. Es, de un lado, la ignorancia de buena parte de los miembros que llevan a cabo la función de gobierno, o de desgobierno; es, de otro, la incompetencia e impericia para afrontar los problemas que se le presentan a la sociedad española en el momento presente; es, en fin, la opción por confundir en lugar de dar a conocer la verdad de las cosas y poner remedio a los problemas planteados, los que han determinado esta situación.
Es este nuevo despropósito el que conducirá a la Nación a un estado más caótico, si cabe, que aquel en que la dejó el presidente Felipe González. La alineación del Gobierno con los sindicatos –sindicatos que tampoco pasarían la mínima prueba de homologación con sus equivalentes europeos– es una extravagancia no compartida por ningún país de nuestro entorno, como ahora suele decirse. Y, como españoles, no nos equivoquemos, el señor Rodríguez Zapatero no pretende con ello un Gobierno popular, como podría pensarse, sino un Gobierno populista, que es bien diferente. Pues, en realidad, el pueblo no cuenta nada para sus intenciones.
En un momento de una elevada tasa de paro, y mayor que será, el presidente decide enfrentarse con los empresarios, que hasta donde yo conozca son los que crean puestos de trabajo, para unirse a las pretensiones de los sindicatos que, salvo que yo esté muy confundido, nunca han creado tales posibilidades, sino que, por el contrario, con sus reivindicaciones las han entorpecido. Esto no pasa en toda la Unión Europea y ni siquiera pasa en los países marxistas, pues en ellos la llamada actividad sindical cumple las indicaciones del Gobierno, no dándose el caso de que el Gobierno siga las directrices de los sindicatos.
Mientras tanto, Europa se cansa de España. La patada sería un recurso tan extremo y tan grave que me conforta pensar que no llegará a producirse, pero les aseguro que por poco. Miren por ejemplo los problemas que se plantean en el llamado rescate bancario. La Comisión Europea ha advertido ya en más de una ocasión que España precisa autorización para proceder al rescate de cada institución financiera; que esa autorización es singular, es decir, para una institución específica y basada en la información exhaustiva que debe facilitar el Gobierno español en cada caso.
Pues bien, después de todas esas advertencias, la señora vicepresidenta segunda sigue proclamando que los datos que se le den a la Comisión sobre el sistema financiero español tendrán un carácter general y nada específico. Quizá espere la señora Salgado que Europa se canse, y ojalá tenga razón, porque mis expectativas van por otro lado. ¿Serán capaces de decirnos que ya está bien y que no toleran más dilaciones? No lo sé, pero lo que es cierto es que este tipo de problemas no se plantean entre los que están en el corazón sino a los que ocupan los capilares más periféricos.
Mientras tanto, recesión es el término más común entre los españoles, acompañado de desempleo, deflación, déficit y morosidad, cuando, además, la banca se mueve en un horizonte en el que, hasta el año 2012, tendrá que devolver algo más de 412.000 millones de euros que, por si alguien se pierde en semejante cifra, supone casi un cuarenta por ciento del Producto Interior Bruto.