El juicio contra los once integrantes de la célula desarticulada por la Guardia Civil en enero de 2008, y acusada de planear atentados suicidas en el metro de Barcelona, está desarrollándose en estos días en la Audiencia Nacional. Los once individuos sentados en el banquillo, nueve paquistaníes y dos indios, formaban parte de un engranaje transfronterizo transeuropeo y conectado con el entonces líder del Movimiento Talibán de Pakistán, Baitullah Mehsud, fallecido en agosto pasado tras ser herido por el ataque de un avión no tripulado estadounidense.
Este proceso, muy esperado tanto dentro como fuera de España, debería de servir para corregir lagunas detectadas en juicios anteriores contra terroristas yihadistas, tanto en lo que a la carga de la prueba respecta como en cuanto a la necesaria colaboración entre servicios de seguridad y agencias de inteligencia. La existencia de un testigo protegido que ante la inminencia de los atentados decidió destapar el plan, y el hecho de que lo hiciera ante los servicios de seguridad franceses, obliga ya de partida a una colaboración franco-española que se habrá blindado de cara al inicio del proceso. Además, como el plan implicaba ataques escalonados tanto en Barcelona como en ciudades de Alemania, Francia, Holanda, Portugal y Reino Unido en el caso en que estos países occidentales no atendieran las exigencias de Mehsud en cuando al abandono de las tropas europeas de Afganistán, deberá de haberse hecho lo propio con los otros países de la lista.
Los acusados son miembros del Tabligh, movimiento islamista muy implantado en Cataluña y que tanto aquí como fuera de nuestras fronteras ha surtido generosamente a células y grupos terroristas de candidatos. Por otro lado, la detención en Holanda de uno de los miembros de la célula que ahora no está siendo juzgado con sus compañeros en la Audiencia Nacional habrá obligado a interactuar especialmente con aquel país y sería deseable que todo ello se refleje en el proceso. En este caso, y como ya ha ocurrido anteriormente en muchos otros, la necesidad de actuar de forma preventiva ha llevado a que no se cuente con una cantidad apreciable de explosivo que reforzaría la posición de la Fiscalía a la hora de demostrar las intenciones de estos individuos. El escasísimo explosivo intervenido ya ha permitido escucharse esta semana en la Sala que quizás las intenciones de los terroristas eran simplemente experimentales y no las de realizar un atentado. Todos sabemos que la organización y la preparación de los componentes de la célula constituyen los datos más importantes y que el explosivo puede llegar en el último minuto.
Esperemos que con la reforma de nuestro Código Penal, tanto tiempo esperada y aprobada por el Consejo de Ministros del pasado 13 de noviembre, se pueda por fin superar estas lagunas. Que hay individuos dispuestos a matar, y algunos de ellos a morir matando, es lo esencial en términos de amenaza y denota que la radicalización es un mal muy extendido, también en nuestro país. Por otro lado las figuras del adiestramiento, la integración o participación en organizaciones o grupos terroristas, la captación y el adoctrinamiento están ya plenamente integradas en nuestro ordenamiento. Lo esencial es que no haya que esperar a que los terroristas maten para tener luego alguna garantía de que van a recibir penas ejemplares.