El rechazo del Congreso de los Diputados a las enmiendas a la totalidad presentadas contra la polémica reforma de la Ley del Aborto, no es más que el primer acto de una tramitación parlamentaria a la que le queda aún bastante recorrido. Hasta finales de la próxima primavera, que es cuando previsiblemente puede entrar en vigor, habrá suficientes ocasiones para que el PSOE demuestre que es cierta su voluntad de llegar a consensos con otras fuerzas políticas en un asunto contra el que las voces de la sociedad civil no dejan de crecer, como atestiguan todas las encuestas realizadas al respecto.
Sin embargo, nada cabe esperar de un Gobierno que insiste en adoptar medidas radicales en contra de los demás partidos y el más elemental sentido común. Tampoco en este caso. Basta examinar las declaraciones de los responsables socialistas tras el rechazo parlamentario a las enmiendas presentadas, vendido a los medios de comunicación como un gran triunfo político con abrazos, aclamaciones y besos incluidos, para darse cuenta de que no hay ningún interés por parte del Gobierno de aceptar el menor matiz en su proyecto de ley de ampliación del aborto, llamada eufemísticamente de “Salud Sexual y Reproductiva”.
En efecto, la principal impulsora de esta reforma legal, Bibiana Aído, ex directora de la Agencia Andaluza para el Desarrollo del Flamenco y hoy ministra de Igualdad, ha afirmado sin el menor rubor tras el rechazo de las enmiendas que se trata de una ley que “protege la vida prenatal” (sic) y evitará a la mujer las situaciones de “humillación”, “inseguridad vejatoria” y “temor permanente” que, a su juicio, provoca la regulación actual. En este capítulo cabe incluir la opinión de José Bono que, con la dosis de dislate conceptual habitual en el personaje y tras comparar su caso frente a la Iglesia Católica con el de Pinochet, asegura que se trata de una ley “para disminuir el número de abortos en España”, no sea que en la próxima Eucaristía dominical el sacerdote le haga el feo de negarle la comunión.
Pues bien, ni la nueva ley va a reducir el número de abortos, ni ese es el objetivo del Gobierno que la ha puesto en marcha, salvo que lleguemos al imposible metafísico de admitir que para problemas similares caben soluciones diametralmente distintas. Porque cuando el gobierno socialista quiere reducir un hábito o conducta privada no tiene ningún reparo en aumentar las prohibiciones llegando hasta el absurdo, como ocurre por ejemplo con el uso del tabaco. En cambio, para intentar supuestamente que se realicen menos abortos propone exactamente lo contrario, aumentar exponencialmente las facilidades para que cualquiera pueda abortar, incluidas las niñas de dieciséis años sin autorización paterna.
Con todo no es éste último aspecto, el del acceso al aborto a las menores de edad sin consentimiento paterno, lo que delimita la legitimidad moral de una disposición legal que es intrínsecamente nociva. Probablemente el Gobierno pretenda limar este aspecto chirriante de la Ley mediante acuerdos puntuales con otras fuerzas políticas, pero si llega el caso seguiremos estando ante una Ley que, como acertadamente recordó la portavoz del Partido Popular en el debate, sólo encuentra parangón en las dictaduras totalitarias de la antigua Europa del Este.
Una Ley que permite destruir la vida humana con entera libertad dentro de las catorce primeras semanas de vida, que plantea serios obstáculos al derecho constitucional de objeción de conciencia para los profesionales sanitarios, y que fomenta una determinada educación sexual desde edades tempranas según el criterio de los dirigentes políticos no puede ser nunca buena para una sociedad. Ni siquiera si, en un arrebato de sensatez al que estamos nada acostumbrados, el Gobierno decidiera finalmente dejar que prevalezca la autoridad paterna en los casos de las menores de edad, a las que esta reforma legal les ofrece la posibilidad de "mejorar su salud sexual y reproductiva" a cambio de dejarlas traumatizadas para siempre.