La ministra González-Sinde ha sido derrotada en su intento de colar de rondón la creación de una comisión del Ministerio de Cultura que pudiera cerrar sin intervención judicial páginas web por supuesta violación de derechos de autor. Ese iba a ser, por lo que parece, el famoso modelo español para combatir las denominadas descargas ilegales por internet. Sin embargo, ¿es eso cierto? No del todo.
El problema del anterior planteamiento es que no identifica de forma correcta a los actores. Por mucho que Rodríguez Zapatero haya salido a desautorizar a su ministra de Cultura, no es creíble que él no supiera de la inclusión de la famosa cláusula. Para empezar, el propio jefe del Ejecutivo había anunciado a bombo y platillo, y como para mayor gloria de él mismo, el proyecto de ley en cuestión. ¿Acaso haría algo así si no conociera su contenido? Una respuesta positiva a esta última pregunta sería como para ponerse a temblar al implicar una gran irresponsabilidad por parte del inquilino de La Moncloa.
Pero no queda ahí la cosa. Aunque muchos parezcan haberlo olvidado, la polémica medida había sido incluida en un proyecto de ley de un ministerio diferente al de González-Sinde. En concreto, el texto entra dentro del ámbito de responsabilidad de la vicepresidenta segunda del Gobierno. Resultaría extraño que Elena Salgado no informara a su jefe de la inclusión de contenidos procedentes de otro departamento. Si hubiera actuado de esa manera, Zapatero debería plantearse muy en serio su inmediata destitución.
Recordemos además que no es la primera vez que desde un Gobierno presidido por Zapatero se intenta sacar adelante una medida así. Los borradores del proyecto de la LISI, con la que se reformaba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, eran todavía peores. Llegaban a incluir a las entidades de gestión de derechos de autor entre las "autoridades competentes" para cerrar páginas web. Y en aquel entonces la ministra de Cultura era Carmen Calvo, no Ángeles González-Sinde. Quien sí ocupaba su cargo actual era el jefe del Ejecutivo. Esto suena a reincidencia.
Rodríguez Zapatero ha mostrado una gran cintura política. Se intenta colar de rondón una medida tan impopular como violadora de derechos fundamentales en una norma en la que nadie se la espera. Cuando se descubre, quien da en principio la cara es la más impopular de todos los ministros, González-Sinde. No le queda más remedio que convocar una reunión a un grupo de periodistas on line, blogueros y empresarios de internet (que, como ellos mismos recuerdan, acudieron a título propio y no como representantes de nadie). El encuentro fue, por lo que contaron los asistentes, de todo menos agradable e incluyó el intento de comprar voluntades.
El escenario estaba listo para que se focalizara en la ministra de Cultura el enfado de miles de ciudadanos y Zapatero pudiera vender su inocencia. No nos engañemos, es posible que en el futuro vuelvan a intentarlo, con Sinde o sin ella. El presidente encontrará a quien culpar si las cosas vuelven a salirle mal.