A pesar de la crisis, eso es lo que nos traerá el año 2010 si se aprueba el aborto libre durante un plazo. Y mientras el Gobierno espera el alumbramiento, se ha preocupado de rechazar con ocasión de la última votación de los próximos PGE, finalmente aprobados, todas las enmiendas presentadas por el PP de ayuda a las familias; 1.707 en total, entre éstas, las directamente relacionadas con la ayuda a las embarazadas con riesgo de abortar.
Eso ahí queda, por si acaso hay todavía algún crédulo despistado seguidor de Bono, cuya "conciencia tiene tranquila" defendiendo el proyecto de ley de aborto porque permitirá reducir su número. No es necesario realizar un sencillo ejercicio de lógica para darse cuenta de la evidencia, que no es otra que la de que bajo la futura ley, todo apunta a que aumentará aun más. En la aprobación de los citados presupuestos, al Gobierno se le ha visto una vez más la cara. Es muy difícil que la verdad al final no acabe saliendo a la luz. El Gobierno en repetidas ocasiones ha tratado de justificar el proyecto de ley del aborto basándose en que conseguirá reducir su número respetando además la voluntad de las mujeres. Pero según una encuesta del Instituto de Política Familiar (IPF) las principales causas reales del aborto son razones económicas, la soledad de la madre y la falta de planificación del embarazo. Es decir, que si se volcara el Gobierno en ofrecer a las madres apoyo económico, de integración laboral y social, y de información preventiva a través del Estado, que para eso está (y en cuanto al apoyo humano hay un montón de asociaciones pro vida con trabajadores y voluntarios más que dispuestos a ello), estas madres previsiblemente no abortarían. ¿Cuál es entonces el verdadero objetivo del Gobierno? ¿Potenciar el aborto o reducirlo? Sí que es verdad que el Gobierno también ha dicho que otro de sus objetivos es dar mayor seguridad jurídica respecto al aborto (evitar la cárcel) a las madres y a los profesionales sanitarios implicados. Pero la realidad es que ninguna madre hasta la fecha ha estado en la cárcel por ello.
Sí un tal Morín, cuyas clínicas donde se practicaban abortos fueron clausuradas. Y tampoco son tantos los profesionales a los que tiene que proteger el Gobierno, porque la mayoría no son aborteros y les espanta serlo, de hecho no hacen más que luchar para que se les reconozca su derecho a objetar.
También hay universidades, profesores y asociaciones de alumnos que se han sumado a esta reivindicación, en este caso para que se respete el Código Deontológico de la Medicina y de la Enfermería, lo cual sería imposible si en los programas de ambas carreras se enseña a matar. Al final, a quienes sin duda protege el Gobierno son a las clínicas especializadas en practicar abortos voluntarios (ACAI) y a los profesionales que en ellas operan, mejor dicho matan. Esos son los claramente beneficiarios de esta ley, que en otra iniciativa del Ejecutivo, parece que dando respuesta a la pregunta de qué hacer con tantos cuerpos humanos tras la matanza, otra vez les soluciona la papeleta, en aras de su seguridad y les promete que podrán tratar como basura a fetos de hasta 28 semanas (siete meses de gestación). Una ley que hasta le cambian el nombre e invocan con ella un derecho inexistente en su estrategia de llamar al mal, bien, y al bien, mal: "Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)" y derecho al IVE. Ni está relacionado el aborto con la salud para la madre, ni existe el derecho a matar, por mucho que el Gobierno diga que es constitucional. Lo que es constitucional es el derecho a vivir. Ni tampoco es saludable abortar para las menores de dieciséis años, que por otro lado se les prohíbe beber alcohol, conducir o votar.
Otra de las razones esgrimidas por el Gobierno para defender su proyecto de ley es equiparar España con el resto de Europa. Pero según el IPF en la mayoría de los países de la Europa de los 15, el aborto es ilegal, aunque despenalizado en determinados supuestos y bajo ciertas condiciones. Es en la mayoría de los países del Este, con legislaciones propias de países de tradición comunista, en donde está legalizado durante un plazo, pero con un mayor período de reflexión que en el proyecto español. España es el país en donde se pretende aprobar la ley más permisiva del aborto de toda Europa y el único país que lo llamaría derecho. Y el país que está a la cola de la Unión Europea en ayudas a la familia, según ha revelado recientemente un informe del IPF.
Sin embargo, el Gobierno decide no aprobar de las 1.707 medidas presentadas, ni una sola propuesta de ayuda a la familia. ¿Dónde está entonces la "lógica equilibradora" de un Gobierno que dice que busca equipararse con Europa? ¿Y qué dice la sociedad? Esta, esta, esta o esta son algunas de las encuestas de opinión. Todas ellas en contra del proyecto. El mismo presidente del Gobierno no lo veía necesario justo antes de las elecciones de marzo de 2008. Pero ahora, para el Ejecutivo es una ley consensuada y discutida, aunque el Comité de Expertos convocado por la ministra Aído para la elaboración del proyecto sólo estuviera formado por miembros partidarios del aborto e incluso con intereses en la industria abortista.
Y es que el sectarismo de la ministra de Igualdad respecto al aborto ha sido siempre público y notorio. Lo último, cesar sin motivo alguno a la directora del Instituto de la Mujer para poner en su lugar a una defensora a ultranza del aborto, que hace unos meses como diputada socialista en el Parlamento gallego calificó de "ultraderechista, cínica y mentirosa" la iniciativa legislativa popular de ayudar económicamente a las embarazadas con pocos recursos. La realidad es queeste Gobierno considera más importante ayudar a los gays de Zimbabue que a las embarazadas enparo. Después de todo esto, ¿quién sigue opinando que el aborto no es tratado como un negocio? Cada vez más floreciente y protegido.