Constata Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española, algo que por otro lado ya deberían saber todos los españoles: los promotores están quebrados y con ellos, buena parte de nuestro sistema financiero. Al fin y al cabo, con ese razonamiento pretende el Gobierno entregar a los bancos alrededor de 100.000 millones de nuestros euros.
Lo interesante de las declaraciones de González, sin embargo, no es el recordatorio de aquello que ya conocemos, sino de aquello que ellos no quieren conocer. A saber, llevamos unos dos años y medio de crisis y de estallido de la burbuja inmobiliaria sin que nuestros bancos y promotores se hayan dignado a liquidar el millón y medio de viviendas pendientes de vender.
González no parece, sin embargo, demasiado preocupado por el asunto: "Hay que ver qué se hace con el stock, aunque no es lo fundamental que hay que poner encima de la mesa, sino qué hacer con el sector". Bien señor mío, si lo esencial para un sector que se dedica a vender viviendas no es que tenga todavía más de un millón de viviendas sin vender, alrededor del 5% de todo el parque español, entonces, ¿qué es lo esencial?
A ver si nos aclaramos: la construcción en España no levantará cabeza mientras no se ajusten los excesos del pasado en dos sentidos, precios y cantidades. Si los inmuebles siguen sobrevalorados alrededor de un 30%, debería resultar evidente que, ante las expectativas de que los precios sigan cayendo, nadie querrá comprar pisos artificialmente caros. Del mismo modo, si hay millón y medio de inmuebles pendientes de venta –y lo seguirá habiendo mientras no bajen los precios– difícilmente ningún constructor será tan suicida como para colocar un ladrillo más en este océano de cemento. El sector seguirá muerto mientras el stock tapone sus vías respiratorias: bajar precios (de verdad) y dar salida a los inventarios es la única medida razonable que promotores y bancos pueden adoptar.
Claro que González tiene otra idea en mente: "una medida que tiene que ver con el ICO, el Banco de España o los gobiernos" pero que no especifica, aunque claramente pasa por que el sector público facilite a los españoles el crédito para comprar una vivienda o refinancie las deudas impagadas de los promotores. O no se enteran o si enteran es que para sobrevivir están dispuestos a cargarse (aún más) la economía.
Ni los españoles tienen por qué lanzarse a comprar casas sobrevaloradas aun cuando se les regale el crédito ni mucho menos los contribuyentes tienen por qué soportar las pérdidas derivadas de las alocadas inversiones de bancos y promotores; máxime cuando llevan dos años negándose a liquidar millón y medio de viviendas. Es el momento de que reconozcan las pérdidas, provisiones la depreciación de su activo y sobreviva quien disponga de capital suficiente o quien consiga el favor de sus acreedores.
Lo peor de todo no es que bancos y promotores se coloquen como pedigüeños a las puertas de La Moncloa, sino que lo hagan porque tienen expectativas razonables de que Zapatero les va a dar una limosna con cargo a nuestros impuestos. Y mientras tanto, el stock de viviendas sin liquidar y sin ponerse a generar riqueza.