La reforma del actual sistema de pensiones por fin está ya sobre la mesa política. La reducción del número de afiliados a la Seguridad Social en 2009 hasta niveles de 2005 y el incremento espectacular del número de prestaciones de desempleo ha forzado al Gobierno a preparar un informe sobre dicha reforma, ante el riesgo de que este miso año el sistema actual entre en déficit de caja ante la caída del número de cotizaciones. De hecho, la UE ya había recomendado a principios de diciembre de 2009 al Gobierno español que llevara a cabo reformas en la sanidad y las pensiones para lograr la reducción del déficit público.
En opinión de Rodrigo Rato, se necesitan medidas urgentes para evitar que para 2022 los fondos disponibles sean insuficientes para pagar las pensiones. Aunque los efectos de la crisis y la política de gasto público sin medida del actual Gobierno hayan acelerado este proceso que pone en evidencia la inviabilidad del sistema, lo cierto es que el debate ya estaba latente desde hace años principalmente por causas demográficas. Los efectos del envejecimiento en el futuro del "Estado del Bienestar", ha sido precisamente el objeto central de análisis del informe que recientemente ha presentado una comisión de expertos de distintos ámbitos y signos políticos de la que Rato ha formado parte.
En Europa, los problemas derivados del envejecimiento de la población son especialmente agudos por la baja tasa de natalidad, la alta esperanza de vida y la consecuente inversión de la pirámide poblacional. Pero España lidera el envejecimiento europeo: en la primera mitad del siglo XX había entre ocho y diez personas potencialmente activas por cada anciano; actualmente hay algo menos de cuatro, y a mediados del siglo XXI se situará probablemente en una relación de 2 a 1.
En España, las mujeres tienen la esperanza de vida más alta de la UE, 87 años, cuatro por encima de los hombres que se sitúan en la media de la UE de los quince, y algo superior a la de los veinticinco. Por otro lado, nuestro país tiene uno de los índices más bajos de natalidad de la UE, a pesar de haber aumentado en los últimos años gracias a la inmigración.
Ante este panorama, el sentido común tendría que haber llevado al Gobierno español a aplicar una política a favor de la natalidad y de protección de la familia que tuviera su reflejo en los PGE para el 2010.
Ya lo había propuesto en el pasado mes de noviembre La Red Europea del Instituto de Política Familiar (IPF) en el Parlamento Europeo (Bruselas) a través del informe Evolución de la Familia en Europa 2009. El IPF, alertando del invierno demográfico sin precedentes que sufre el Continente, recordó la necesidad de tomar medidas "ya que los efectos del fenómeno son contrastables, tanto en la dimensión económica como en la social, especialmente en lo económico, donde está produciendo un incremento del gasto público por el envejecimiento poblacional, con un aumento de las partidas dedicadas a pensiones y gastos sanitarios".
En el caso de España, la adopción de medidas de protección de la familia y a favor de la natalidad urgían más que en ningún otro país europeo, ya que se encuentra a la cola de la UE en ayudas con un 1,2 por ciento del PIB, frente al 2,1 de media de sus socios europeos. Pero el Gobierno español está empeñado en no equipararse siquiera con el resto de Europa, a pesar de que España se encuentra por razones demográficas en una mayor vulnerabilidad relativa. Ha rechazado recientemente las 1.707 enmiendas a los PGE de 2010 a favor de la familia presentadas por el PP, lo que en opinión del presidente del IPF, "está causando importantes discriminaciones y generando países de primera y segunda categoría".
El IPF culpa actualmente al aborto y al déficit de natalidad del envejecimiento poblacional y del "hundimiento" de la población de 0 a 14 años, y también vaticina que las consecuencias en un futuro próximo van a ser desastrosas para España, por el riesgo evidente de que no haya ingresos suficientes para pagar las pensiones. Sin el aborto, la población juvenil española menor de 14 años estaría por encima de la población mayor de 65 años.
Según el IPF, España es el país de la Unión Europea donde más se han incrementado los abortos, tanto cuantitativa como porcentualmente en los últimos años de cuyos datos se dispone (1997-2007).
Organismos internacionales como el Banco Mundial revelan también el serio riesgo que corre la actual sociedad del bienestar en Europa debido a la evolución de la población. Señalan el aborto como una de las principales amenazas demográficas, y no ven la inmigración como solución eficaz para revertir la tendencia demográfica negativa.
Rusia se ha planteado ya aplicar una política antiabortista con el objetivo de impulsar la natalidad y frenar la caída demográfica en el país. La semana pasada, la ministra rusa de Sanidad, homóloga de Trinidad Jiménez, declaraba que "la reducción del número de abortos permitirá solucionar el problema de la natalidad, no en un 100 por cien, pero sí en un 20 o 30 por cien".
Sin embargo, el Gobierno de España con su política proabortista lidera mundialmente el movimiento contrario de lo que cabría esperar ante el fenómeno del envejecimiento poblacional de los países desarrollados. En los términos en los que en España se ha diseñado la reforma del proyecto de ley de aborto, actualmente en trámite, todo apunta a que aumentará más su número. Desgraciadamente,son sus motivos ideológicos, así como los económicos y de seguridad jurídica de un sector específico,la industria abortista, los que preferentemente defiende el Gobierno socialista.